¿Hacia la ciudad extruida?

En varios casos, me han pedido planos para hacer una casita en algún asentamiento humano o pueblo joven. Se trata de lotecitos de 6 a 8 metros de ancho por 10 o 12 metros de fondo en los que el proyecto es solicitado a manera de donación. En esos casos he tenido la oportunidad de conocer que, para ese “cliente”, el criterio para calificar un proyecto arquitectónico es la cantidad de columnas que demanda el proyecto. Cuanto menos columnas demande la edificación, mejor será el proyecto. Es así que para ese “mercado”, no interesa el tipo de distribución de los espacios, ni la calidad espacial de cada uno de ellos ni del conjunto. De acuerdo a la idea generalizada, ambos cambiarán conforme la familia y la casa crezcan. La edificación, es vista mas como el resultado de sucesivos ahorros diarios o semanales que convertidos en ladrillos, barras de acero y bolsas de cemento, permitirán a la familia vivir mejor cada día. En ese programa, cada ambiente solo cumplirá el requisito de proveer un techo y cerramiento suficiente para protección de la intemperie y de la inseguridad reinante en el vecindario y cuanto menos costo demande su construcción, cumplirá mejor esta finalidad.

De esta manera, la “ciudad” informal resultante que es el 85% del área urbana total, es la suma de miles, o mejor, centenas de miles de voluntades independientes cuya única motivación es sobrevivir a la vida “urbana” que a su vez está en proceso de construcción.

Análisis desalentador desde luego, y más desalentador aún sentirse, como arquitecto, parte de esa ciudad, pero necesario para entender las causas de la fealdad urbana de Lima y de la mayoría de las ciudades peruanas contemporáneas.

Pero esta fealdad urbana contemporánea no se localiza solamente en los asentamientos humanos y pueblos jóvenes, la fealdad urbana limeña y en general la fealdad de toda ciudad peruana contemporánea se extiende mas allá de los asentamientos urbanos informales.

En Lima, en toda la parte “moderna”, extrañamos conceptos elementales de ciudad como existencia y uso de espacio público, armonía de volúmenes, secuencia pensada de formas, en resumen, algún tipo de orden y concierto, carencias que son también el resultado de una demanda del mercado, de modo que de la misma manera que en los sectores populares un proyecto es mejor que otro cuanto menos columnas tiene, en los catorce o quince distritos limeños donde el “boom inmobiliario” es reconocible, un proyecto arquitectónico es considerado mejor que otro cuanto mas cantidad de unidades inmobiliarias logre obtener.

En la mayoría de casos este criterio no se ha limitado a la obtención de mas unidades en el área techada permitida, sino que se ha extendido a la habilidad del diseñador de obtener mayor altura de edificación y menor cantidad de requisitos municipales para lograrla, de modo que existe en la ciudad el criterio de calificación de arquitectos que lograron obtener mas cantidad de unidades con el mayor número de pisos y el menor costo normativo de estas unidades, sin importar si estos logros fueron obtenidos en aplicación de criterios técnicos, o lícitamente y obviamente sin importar el resultado urbano final.

Así las cosas, recorrer Lima o cualquiera de las ciudades peruanas es, en la actualidad, someterse a un ejercicio de tolerancia respecto a la forma final de la ciudad producida por este accionar de los intereses individuales de sus habitantes.

Para los promotores de proyectos en la ciudad formal, cada vez es mas reclamado el rol del arquitecto “sacador de manteca” a cada metro cuadrado de la ciudad exigiendo edificios de departamentos o edificios de oficinas o centros comerciales con la densidad de ocupación como el mas importante criterio de calidad arquitectónica.

Esta modalidad de ejercicio profesional es comparable al caso de una máquina de extrusión, en la que un molde o matriz, deja pasar masa moldeada por presión desde el lado opuesto. A mas habilidad del arquitecto para obtener mas masa, mejor el proyecto. A nadie le importa el resultado urbano final. Ni a la autoridad municipal preocupada por aumentar la densidad de ocupación dentro de los límites que los electores lo permitan, ni a los integrantes de las comisiones de calificación del Colegio de Arquitectos preocupados por no generar demandas por abuso de autoridad de parte de algún promotor, ni obviamente a los promotores inmobiliarios en legítima búsqueda de mayor rentabilidad.

Antiguos y bellos sectores de la ciudad en Miraflores o Barranco, zonas antiguamente homogéneas como Jesús María, Santa Beatriz e incluso Lince, urbanizaciones residenciales de grandes lotes convertidos en zonas de oficinas en Surco, presentan hoy los mas claros casos de esta nueva ciudad extruida.

Hay ciudades hermosas, dentro de ellas, hay sectores de factura contemporánea que armonizan con el resto de la ciudad, para producirlas, las colectividades que las habitan se organizan en la búsqueda de una forma final. Lima no es una de ellas.

Luis Gurmendi.

Olmos.

El próximo martes 20 de Diciembre a las 11 de la mañana el presidente de la república invitado por Odebrecht, presenciará la excavación de los últimos 4 metros de túnel del proyecto Olmos que ya lleva 86 años sin hacerse realidad.

El túnel de casi 20 Km de largo pronto estará listo. Desatará una actividad económica intensa en la pampa de Olmos. 5,500 hectáreas existentes y 38,000 hectáreas nuevas serán irrigadas con aguas del río Huancabamba que pertenecen a la cuenca del Atlántico.

Con un cálculo conservador de 2.5 personas necesarias por hectárea, pronto se iniciará una oferta de 100,000 nuevos empleos directos y una mayor cantidad de empleos indirectos, en síntesis, la llegada de población nueva y bonanza económica. Todo esto sin un adecuado marco ordenador respecto al desarrollo urbano y regional.

Se debería tener un plan de acción básico mínimo que el estado no ha hecho y no hará. En el Perú, hace 190 años el estado no se ocupa del tema, ni en sus niveles municipales faltos de capacidad técnica, ni en los regionales atrapados en el laberinto del SNIP ni menos en el burocrático y centralista gobierno central.

Aún sin ese plan básico, se puede aprovechar económicamente esta bonanza mediante iniciativas público privadas que ofrezcan al estado hacer urbanizaciones para vivienda y comercio, zonas habilitadas para agro-industrias, caminos vecinales, tendido de líneas de energía eléctrica, aeropuerto local, todos proyectos capaces de generar rentabilidad y generar sinergias entre sí produciendo un círculo virtuoso que en el resto del mundo se conoce como desarrollo. Para ello sería necesario un marco legal que estimule, organice y promueva las iniciativas privadas.

En los casos precedentes, como el caso del poblado de Virú respecto a la actividad creada por el proyecto Chavimochic, mafias de traficantes de tierras denuncian terrenos cercanos, organizan invasiones, obtienen ganancias ilegales de la venta de lotes sin habilitación urbana y sin servicios a pobladores que llegan a trabajar a la zona y producido el subdesarrollo social y su correlato urbano, el estado llega algunos años después a través de COFOPRI para otorgar títulos y luego el Ministerio de Vivienda para dotar costosamente estas áreas ocupadas con obras de agua potable y servicios básicos. Entre tanto, algunos políticos obtendrán votos por atribuirse la gestión o la autoría de estas obras.

Está demostrado que el gasto estatal sobre este proceso informal es mayor que en otro planificado. Que el costo de asumir los pasivos sociales, urbanos y ambientales es enorme, que las probables sinergias que se obtendrían de una acción planificada se pierden sin beneficiar a nadie. Está demostrado que el sub desarrollo no es rentable. Está demostrado también que instituciones burocráticas y centralistas dedicadas a labores normativas como los ministerios no son las más exitosas para liderar proyectos de desarrollo urbano y regional. En Colombia, hace años funcionan las corporaciones regionales público privadas para producir sinergias y eslabonar proyectos. En los Estados Unidos la TVA lo hizo en Tennessee hace 80 años. ¿Algún día haremos algo similar en el Perú?

Ambición y bicentenario.

La ambición, una actitud que en planeamiento y urbanismo es esencial, dejó de estar presente en los pocos proyectos urbanos y regionales del Perú desde hace casi cien años.

Quizá la Plaza San Martín fue la última obra urbana ambiciosa en Lima. En el Perú, la ambición durante la república ha sido escasa por no decir nula, en contraposición de la inmensa ambición de la obra precolombina base de la hermosa y homogénea red urbana y regional de la colonia.

Yo propongo retomar la ambición inca y preinca en el diseño del territorio y en la planeación y construcción de la red urbana y regional para el siglo XXI, propongo abandonar la inacción estatal que ha dejado en manos de las mafias de traficantes de tierras (y de recursos naturales en general), la decisión de cómo, cuándo y donde se ocupa o se explota el territorio con el subproducto de la fealdad, el caos y el daño ambiental de la obra informal.

Propongo que el estado abandone el absurdo rol de receptor de la ciudad informal o del territorio explotado informalmente en el que además de asumir para el futuro los costos sociales, ambientales y estéticos de su inacción, cierre y legalice el círculo vicioso de la corrupción que esta inacción genera.

Dentro de este planteamiento, propongo para ser inauguradas en el bicentenario de nuestra independencia nacional a celebrarse ente el 28 de Julio de 2021 y el 9 de diciembre de 2024, las siguientes acciones ambiciosas como ideas rectoras de desarrollo urbano y regional, se trataría de proyectos urbanos MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) que recibirían el apoyo de los fondos de financiamiento creados o por crearse para el combate al calentamiento global.

Eje urbano regional Norte:

Se crearía en base al eje vial de IRSA Norte, pero buscando producir una conurbación entre los centros poblados de Paita y Piura que se unirían con un ferrocarril urbano de alta velocidad movido a gas, que atraviese estas ciudades. Con esto se buscaría ampliar la oferta de terrenos urbanos en el norte del país ubicando grandes extensiones habilitadas para la urbanización abastecidas con agua de las cuencas de los ríos Chira y Piura. El diseño de esta conurbación implicará grandes extensiones de bosques secos naturales y parques urbanos e interurbanos por crearse pero a la vez grandes extensiones de tierra habilitada para vivienda, comercio e industria. Cada uno de estos grandes proyectos se desagrega en multitud de micro proyectos que se desarrollarían con el financiamiento descrito más el aporte de bonos familiares hipotecarios puestos por el estado.

El porcentaje de participación de estos bonos en el total del costo final de obra, sería el criterio a utilizar para el concurso que seleccione la empresa constructora-promotora a cargo del proyecto. A menor bono exigido para cada familia beneficiada, mayor puntaje para calificar.

Esta conurbación albergará dentro de sí, multitud de infraestructura de desarrollo que deberá ser puesta en concesión, grandes proyectos que cambien el escenario actual superando las facilidades de Guayaquil, como terrapuerto y areopuerto internacional, Centros de Convenciones, hospitales, centros educativos, etc…, desde Paita partiría otro servicio ferroviario de carga que llegaría hasta Yurimaguas.

Tanto Paita como Yurimaguas se diseñarían como puertos nodales. El eje Paita Yurimaguas deberá plantearse como una alternativa más directa y menos costosa que el Canal de Panamá para carga de ida y vuelta de Brasil a China y viceversa.

Con agua disponible y energía del gas, del petróleo y del bio diesel producidos en la zona, en sus comienzos, la conurbación sería el punto de atracción para ensamblaje de diversos productos en tránsito a China o Brasil, posteriormente en base a las sinergias generadas con los proyectos educativos y de infraestructura en general, esta zona debería albergar cada vez mayor cantidad de industrias y demandar mayor cantidad de empleo.

Eje urbano regional Sur:

Se crearía sobre la base del eje vial de IRSA Sur que une Brasil vía Inambari con el Océano Pacífico en Matarani e Ilo. Dentro de este eje se plantearía una área de desarrollo urbano desde el nuevo Aeropuerto internacional de Cusco, el valle del Urubamba y la ciudad del Cusco hasta la ciudad de Urcos, encuentro de este eje con la carretera IRSA sur.

Punto importante de este conjunto lo constituye el área del actual aeropuerto Velazco Astete del Cusco que deberá ser convertida en la gran área de expansión urbana de muy baja densidad de ocupación compuesta por un 90% de área verde y en la que se ubique la infraestructura que la ciudad del Cusco necesite para superar la oferta turística de la ciudad de La Paz. La vía de conexión desde el nuevo aeropuerto hacia el Cusco debería ser un ferrocarril de alta velocidad propulsado a gas que una este con Cusco y Urcos, produciendo una conurbación con multitud de áreas de habilitación urbana para ubicar la nueva infraestructura necesaria.

Como desahogo de la creciente demanda por Macchu Picchu, este eje debería contar ya con otro atractivo alterno constituido por las ruinas de Choquequirao, que deberán ser acondicionadas y puestas en valor y hacia donde deberá construirse una autopista que parta desde el nuevo aeropuerto y llegue a una estación de teleférico con nuevas áreas de habilitación urbana para facilidades hoteleras y de infraestructura en general, esta combinación permitirá preservar las ruinas y organizar el desarrollo planificado de un nuevo centro turístico de gran capacidad de oferta de empleo.

Otro elemento importante de este eje sur lo constituyen las 32,000 hectáreas que al borde de la carretera en Madre de Dios, han quedado depredadas como resultado de la extracción minera de oro por mineros informales hasta hace un año. Esta área debería ser reconstruida como un inmenso bosque tropical con posibilidad de concesiones turísticas que se ubicarían en forma planificada y por concurso, esta debería ser un área modelo de restauración del ecosistema que cambiaría la oferta de empleo informal existente por otra formal dedicada al turismo.

Hacia el sur oeste, en este eje, la ciudad de Arequipa debería recibir el nuevo impulso de este desarrollo interior, así como el impulso adicional por su característica de ser parte de otro eje de desarrollo con Matarani y Mollendo.

Una base legal necesaria y una oportunidad irrepetible.

El punto de partida de este desarrollo es reformar la legislación del Sistema Nacional de Inversión Pública para hacerla más ágil y capaz de acompañar el ritmo de inversión privada que debería ser predominante y en base a la modalidad de las concesiones y a la ejecución de obras de infraestructura como pago de impuestos.

Debería permitirse que compañías calificadas como “buenos contribuyentes”, se consorcien con compañías desarrolladoras de proyectos y con constructoras para participar en proyectos identificables como componentes de estos megaproyectos.

Óbviamente no es el burocrático y centralista Ministerio de Vivienda el ente encargado de promover o administrar estos proyectos. Además de PROINVERSION, los entes rectores deberían ser corporaciones locales, público privadas, muy ágiles, dirigidas por directorios y gerenciados por expertos de nivel internacional.

Planteados como proyectos de alta rentabilidad, cada uno de los componentes de estos Mega proyectos debería aprovechar las oportunidades provenientes de los problemas financieros en Europa, la actual probablemente irrepetible bonanza macroeconómica peruana y las dificultades por las que pasan nuestros vecinos Ecuador y Bolivia.

Hasta el 2021, nos quedan diez años, ojalá que la ambición forme parte de ellos.

Reflexiones para una Agenda Urbano Regional 2011-2016.

Introducción.

Es imprescindible una Agenda Urbana y Regional para el nuevo gobierno 2011-2016. Esta, acabaría con 190 años de inacción por el estado republicano peruano sobre este tema. Parte importante de esa agenda, lo urgente, consistirá en acciones para mitigación de los impactos causados por el cambio climático, es decir proyectos MDL de re forestación, de control de contaminación y otros hasta ahora ignorados por el estado, pero lo importante, será el correlato urbano y regional de esas acciones pensadas en sus respectivos niveles de análisis y por lo tanto planeadas a nivel nacional.

En base a esta Agenda, el estado peruano deberá asumir de otra manera la mejora de la calidad de vida en los centros poblados que se formen tanto como resultado de los grandes proyectos, como por resultado del asentamiento poblacional espontáneo.

Así como el estado inca y posteriormente el estado colonial español tuvieron un rol importante en la conformación del territorio, el estado republicano no lo hizo y por eso hoy tiene un amplio pasivo por resolver, pero para el futuro, debería liderar, asumir, determinar, su responsabilidad en el desarrollo urbano y en el acondicionamiento del territorio respecto a cada iniciativa privada o gubernamental.

La modalidad actual, en la que el estado abandona su rol en las primeras etapas del asentamiento permitiendo un nacimiento informal, caótico y generalmente corrupto a cargo de traficantes informales de tierra, para regresar años después a asumir los pasivos sociales y ambientales construyendo infraestructura y proveyendo servicios, deberá ser modificada. El costo social económico y ecológico que esta modalidad produce hará cada vez más insostenible su vigencia. Sin embargo esta modalidad es la usada para la construcción de mas del 90% de los metros cuadrados techados cada año en el Perú. En su reemplazo el estado peruano deberá actuar en todos sus estamentos. El Congreso deberá dictar un marco legal que a partir de la modificación de la normativa del SNIP permita una más ágil intervención sobre todo es sus niveles de gobierno central y gobierno local. Planteados como política de estado estos proyectos que deberían integrar la cartera mundial de proyectos MDL, recibirán el interés de capital privado nacional y extranjero y de entidades de financiamiento especializadas. En detalle, la intervención deberá darse en las dos modalidades que han probado dar resultados:

• Para infraestructura y servicios, la vía de la concesión y
• Para la provisión de vivienda la modalidad ya probada de financiamiento bancario con Bono de Fomento Hipotecario agrandando el bono hasta que cada vez más peruanos puedan acceder a los programas y condicionando el bono a planteamientos de diseño territorial, no debería repetirse el caso de un 85% de los bonos aplicados a población de Lima Metropolitana y Callao.

La intervención en Lima Metropolitana deberá tener presente la escasez de fuentes de provisión de agua para un corto plazo. La escasez de terrenos, la baja densidad de ocupación y el efecto que esto crea para la operación de un sistema de transporte público masivo, elementos que determinan que Lima debe dejar de seguir creciendo y para ello debe dejar de seguir atrayendo población.

La Agenda Urbano Regional 2011-2016, se plantearía como un cuestionario aproximadamente de la siguiente manera:

La ocupación urbana del territorio como política de estado.

El replanteo de grandes proyectos de infraestructura y de edificación

¿Porqué el estado peruano, como representante de una de las naciones que mas serán golpeadas en el corto plazo por los efectos del cambio climático, aún no tiene una política de estado para enfrentar este tema?

Teniendo más de un 50% de la población urbana concentrada en un solo punto de la costa del país ¿qué medidas a corto, mediano y largo plazo tiene planeado tomar el estado en este punto?

¿Porqué no está claro que son técnicamente insustentables políticas populistas como “Agua para todos” en el ámbito de Lima Metropolitana o que Megaproyectos como Collique, futuras nuevas “ciudades” en Carabaillo, Ventanilla y otras están mas por el lado de crear problemas que por el lado de aportar soluciones?.

Mega proyectos, migración y urbanización.

Emprender Mega proyectos o grandes proyectos de infraestructura, debería implicar una previo análisis sobe su ubicación en el territorio y sobre los efectos que producirá tanto respecto a migraciones, asentamientos poblacionales, demandas y pasivos ambientales y muy en especial la conveniencia del nuevo arreglo territorial proveniente de esa ubicación.

No debería repetirse el caso de una riqueza natural como el gas, que a mil kilómetros de su punto de origen favorece únicamente la zona del país con mayor desarrollo relativo en desmedro del resto del país. El efecto desestabilizador en la gobernabilidad regional que genera este esquema, es insostenible en el tiempo, la historia del Perú no soportará más casos como estos.

La alternativa al modelo de “exportador de materias primas”

¿Es viable alcanzar un ingreso nacional promedio compatible con un aceptable nivel de desarrollo basados solamente en la exportación de materias primas? Si optáramos por un modelo pro industrializador, ¿se ubicaría la industria en Lima?, ¿Y el agua?.

La deuda urbana del gas.

El estado peruano carece de una política de estado frente a esta y otras preguntas.

¿Qué hubiera sucedido si el gas del lote 88, descrito por todos como “un regalo de Dios”, se hubiera utilizado para producir a precios competitivos de mercado global: acero, cemento y petroquímica en un punto al sur como Marcona o Camaná, con dotación adecuada de agua, suficiente extensión para población urbana y la cercanía del mar para un puerto?, ese tipo de decisiones que deberían por lo menos evaluarse desde una perspectiva nacional amplia, ahora no son siquiera materia de reflexión.

Agenda Urbana Regional en el Sur.

Uno de los proyectos viales más ambiciosos del Perú, la carrretera interoceánica sur que une Inambari en la frontera con Brasil con el Océano Pacífico, vincula la nación sud americana con mejor y más exitoso historial de ocupación de fronteras como es Brasil y la nación con peor y menos exitosa ocupación del territorio en general y de las fronteras en particular como es el Perú.

No es el gobierno aprista el que descuidó las fronteras del Perú, es el estado peruano que a lo largo de sus 190 años de existencia no ha sido capaz de tener una política de estado que le sirva de idea rectora respecto a la ocupación de su propio territorio, pero en especial de sus fronteras.

Respecto a este tema, una vez mas, una oportunidad está por perderse. Hablamos del mismo estado que en los 60 del siglo pasado abrió para la economía extensas áreas con la carretera marginal de la selva, convocando a enormes masas de población que luego de migrar desde zonas mas pobres, no obtuvo del estado ni apoyo, ni servicios, ni infraestructura urbana, ni legalidad, ni seguridad, deviniendo en lo que hoy es. Pueblos y ciudades que son enormes áreas de barriada, donde impera el caos y el crimen y donde al estado le es cada vez mas difícil hacerse presente.

Hoy, estamos a la espera de que con la interoceánica sur suceda lo mismo, las poblaciones más jóvenes y progresistas de las empobrecidas regiones del sur peruano serán atraídas por la cada vez mayor actividad de la nueva carretera. Primero los más emprendedores pondrán sus viviendas en algún lugar y sobre esto, ilegales traficantes de tierras irán promoviendo invasiones, lotizando, engañando, estafando a los recién llegados y produciendo una vez más, en varios puntos de la ruta, enormes barriadas en las que el caos, la corrupción y el crimen se habrán enseñoreado de acá a unos veinte años. Así como Nueva Cajamarca, Tocache, Campanilla, aparecieron en el Huallaga, aparecerán en la inter oceánica sur nuevas poblaciones-problema dedicadas al contrabando, al tráfico de droga y a la minería informal con el costo adicional de contaminación del medio ambiente.

Si bien en los 60 y 70 del siglo pasado, hubo la disculpa de la violencia rural, de la incapacidad de gasto y de la incapacidad de financiar un desarrollo urbano regional coherente, hoy, el mundo entero está dispuesto a ayudar, incluso financiar proyectos urbanos como los que podrían promoverse en reemplazo de los descritos. Son los proyectos urbanos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) capaces de ser financiados por el mercado de bonos del carbón, poblaciones en las que el estado peruano podría convertirse en líder mundial, asumiendo la primera red urbana regional MDL del planeta en una de las áreas más sensibles y mas golpeadas por el calentamiento global.

Cuatro o cinco puntos en los que se reforeste las inmediaciones empezaría a marcar las diferencias. Solo el hecho de reforestar crearía más empleo que ninguna otra actividad en esas áreas. Una planta de captación de agua potable con una pequeña central eléctrica y una planta de tratamiento de desagües cuyas aguas grises irriguen parte de las áreas reforestadas. Al medio de esto, áreas para los servicios urbanos más elementales: Una escuela, un pequeño hospital y una comisaría.

Las áreas de vivienda se sacarían a concesión, con los mismos productos bancarios existentes, (techo propio, mi vivienda, etc..) ganaría la concesión la empresa que se comprometa a entregar viviendas terminadas contra el menor bono familiar puesto por el estado. En esta modalidad no habría necesidad de normas especiales, por ser zonas de pobreza extrema, el bono familiar sería mayor que el que se le da a las poblaciones de Lima. ¡Imaginemos el impacto político de esta medida en el Sur!.

Con este proyecto que se denominaría Red Urbana Regional del Sur, el estado peruano haría algo que no hizo en 190 años. Tomar a su cargo la dirección del desarrollo urbano y regional por lo menos en una parte de su territorio, lo que hizo Napoleón III con París, lo que hizo EEUU con el valle de Tennessee en los 50, lo que hace Brasil con sus fronteras, la oportunidad mundial es inmejorable, todo lo descrito calificaría como la primera red urbana MDL del planeta. Con un resultado político inmediato respecto a gobernabilidad, ayudaría a revertir el resentimiento del sur contra el sistema.

Luis Gurmendi.

Elecciones y mensaje a la gobernabilidad.

Por primera vez en la historia del Perú, resultados electorales son tan claros respecto al centralismo. Lima, desea seguir participando del crecimiento económico que la ha beneficiado, las regiones fuera de Lima y en especial las del sur andino, que no han recibido los beneficios del crecimiento quieren cambiar esta situación.

En el medio, como actores centrales y responsables de este caso, están los gobiernos y los gobernantes, sus decisiones en los últimos ochenta años, han producido la desigualdad tan marcada de Lima respecto a las demás regiones del Perú. Pero algunos gobernantes han acentuado esta desigualdad más que otros. Revisemos someramente una por una y a grandes rasgos estas actuaciones y estas responsabilidades.

Hace sesenta años en la década de 1950, Manuel Odría, en medio de los efectos del empobrecimiento del campo como producto de importaciones masivas de alimentos y bienes y beneficiado por el auge de las exportaciones de minerales incentivadas por la post guerra y luego por la guerra de Corea, da un impulso a la construcción de infraestructura en general pero, privilegia la inversión pública en Lima Metropolitana construyendo enormes sedes administrativas para Ministerios y dependencias estatales con el doble efecto de crear empleo en construcción, atractivo para pobladores de baja calificación, así como empleo en cargos públicos atractivos para las clases medias del interior del país. Los primeros presionan con invasiones a terrenos del estado aumentando la ciudad informal, los segundos crean una demanda de vivienda formal. Puede decirse que esta constituye una primera gran oleada de migración.

Manuel Prado y los dos breves gobiernos militares que lo sucedieron hasta 1962, sobrellevaron períodos de crisis en los que la tendencia a la migración se acentuó, creándose en esta etapa las grandes primeras barriadas limeñas, llevando el tamaño poblacional de la ciudad de Lima a los primeros estadios de desequilibrio respecto al resto de ciudades del Perú. El modo de vida urbano Metropolitano en Lima, va diferenciándose claramente respecto a los modos de vida del resto del país.

Fernando Belaunde a partir del 63, da un impulso tremendo a la construcción, no solamente de vivienda explícitamente dedicada a la clase media sino de abundante infraestructura pública pero siempre ubicada mayoritariamente en Lima. Se crea el argumento de que siendo Lima el destino de la mayor cantidad de población nacional, es el lugar del país que necesita mayor infraestructura. A la larga, este argumento se mantendrá como el argumento rector de la inversión pública en el Perú.

El golpe militar de Juan Velasco en 1968 da inicio a un fenómeno nuevo. Decreta la Reforma Agraria propiciando la descapitalización del campo causante de nuevo y abundante flujo de migración de empobrecida población rural a Lima y simultáneamente al estatizar las empresas más importantes del país y someterlas a una administración central, crea un doble efecto regional, de un lado elimina importantes cantidades de empleo bien remunerado localizado fuera de Lima propiciando el decaimiento de las ciudades del interior del país y de otro lado crea la necesidad de construir grandes sedes administrativas para albergar la burocracia a cargo de la nueva economía centralizada. Los edificios de Petroperú y el Ministerio de Pesquería, son los casos más saltantes, pero con menos pompa, todos y cada uno de los sectores y empresas estatales siguieron el ejemplo.

Como resultado de esta desmesurada oferta de empleo en Lima, de un lado, se produce el primer boom inmobiliario que explica el crecimiento formal de 14 distritos centrales de Lima Metropolitana, y del otro, el explosivo crecimiento de la demanda de tierra rústica para ser invadida alrrededor de Lima que explica el crecimiento de los 25 restantes distritos para la nueva población informal. Villa El Salvador que en 1972, al año de ser creada tenía treinta mil habitantes, es el más significativo ejemplo de este nuevo fenómeno.

De regreso a la democracia en 1980, Fernando Belaunde nuevamente hace lo que sabe hacer: construir. Frente a las clarísimas demandas de ese momento, construye en Lima nuevos grandes Conjuntos Residenciales. Fuera de Lima Belaunde responde al clamor de poblaciones que hace años han sido ignoradas por el presupuesto central de la república y crea una primera moderna red vial. La carretera Marginal de la Selva incorpora grandes áreas del país a la economía pero las poblaciones que atrae llegan a ellas sin ningún tipo de apoyo, a la larga, son ganadas por la economía informal y más recientemente por el narcotráfico.

En 1985, el primer gobierno de Alan García produce la demolición de la débil economía peruana. La crisis que sus medidas han producido, solo acentúan los fenómenos migracionales y poblacionales. Movido más por intereses que por convicción, con dinero del gobierno central, da inicio a la construcción del Tren Eléctrico en Lima. Inicialmente sobrevalorado y finalmente desfinanciado por los malos manejos de que fue objeto, la construcción del tren quedaría paralizada por 20 años.

Alberto Fujimori en 1990 inicia la etapa de consolidación urbana de las grandes áreas de barriada. Dota de servicios a la enorme cantidad de población que las habita, y al hacerlo, incentiva la formación de más y mas grandes. El cono norte de Lima toma forma durante su gobierno. Para la construcción formal, Fujimori crea el Fondo Mivivienda que explica el desarrollo inmobiliario hasta nuestros días. Es impresionante ver como cuando las estadísticas de desembolsos para créditos hipotecarios se llevan a su ubicación geográfica, más de un 90% se asignan en Lima Metropolitana. ¿Qué haría cualquier gobierno en el resto del planeta si se encuentra con una situación así?, ¿No se justificaría una asignación proporcional de subsidios que beneficien a poblaciones fuera de Lima hasta equilibrar el caso?, no en nuestro país.

Alejandro Toledo desde el 2001 ignoró estas y otras innumerables muestras del decaimiento del modo de vida fuera de Lima. Durante su gobierno, el descubierto gas de Camisea revertió sin costo al Estado y Alan García en su segundo gobierno lo dedicó a generar energía eléctrica subsidiada en Lima y GNV barato para taxis en Lima. Entiendo que un gobierno improvisado y movido por intereses como el de Alan García no haya leído las señales que durante cinco largos años estuvo dando el Perú. Solo así entiendo cómo pudo dedicarse a construir en Lima con dinero del gobierno central, el Tren Eléctrico, cantidades de infraestructura educacional y de salud y la frívola reconstrucción del Estadio Nacional, olvidándose por completo de las inversiones fuera de Lima.

Esta es historia reciente, indicadores de la abismal diferencia de modos de vida en las distintas regiones del Perú respecto a Lima, están por todos lados. La televisión ayuda a hacerlas mas explícitas, ¿No son lo suficientemente claras como para dar inicio a políticas que tiendan a equilibrarlas?, no me refiero a disminuir las condiciones de vida de nadie, me refiero a mejorar las de las poblaciones fuera de Lima. Me refiero a argumentos que pudieran servir para mejorar la gobernabilidad de un país que durante 190 años ha ignorado el tema y que en los últimos 50 años ha invertido en Lima, la mayor parte de la riqueza producida en el resto del país.

Pues resulta que ahora, el año 2011, el resto del país desea un modo de vida similar al de Lima y apunta a elegir a un candidato que sin entender bien el tema, ofrece cambiar la distribución de la riqueza producida en el país. Contrapesando esto, la candidata oponente tiene la fuerza electoral de las masas agradecidas que en los 90 recibieron servicios gratuitos del Estado en las áreas de los alrededores de Lima que habían invadido hace años. ¿Qué es lo que no está claro en este momento para darse cuenta que el siguiente gobierno deberá priorizar el desarrollo fuera de Lima o el Perú será ingobernable dentro de poco?

Incluso el capital privado primero con inversión en minería y agroindustria, se ha adelantado al estado invirtiendo fuera de Lima, luego el comercio retail redescubriendo la reducida bonanza de la población beneficiada con ese empleo y mas recientemente una tímida construcción de viviendas, pero todo esto contra la corriente, contra las políticas del estado dictadas desde Lima por burócratas que siempre piensan que fuera de Lima es “muy lejos”.

Como conclusión vuelvo a hacer la misma pregunta:

¿Qué es lo que no está claro en este momento para darse cuenta que el siguiente gobierno deberá priorizar el desarrollo fuera de Lima o el Perú será ingobernable dentro de poco?

Luis Gurmendi.

Cinturón volcánico.

Con Japón compartimos el mismo cinturón volcánico que circunvala el Océano Pacífico. Por esa razón, un sismo de menor, igual o mayor magnitud puede sorprendernos en cualquier momento.

El peor evento sísmico registrado en el Perú sucedió el 28 de Octubre de 1746. Lima y Callao fueron asolados por un terremoto de grado 8.4 seguido de un maremoto que cambió la configuración del Callao. Por los daños causados, es considerado el mas dañino en la historia del Perú, solo superado por el del 13 de Agosto de 1868, de grado 8.5, que destrozó Arequipa, Moquegua y Tacna, y también fue seguido por un enorme maremoto que asoló a Islay, Mollendo y Arica.

Pero estos son solo los más destructivos terremotos de una larga lista de más de 150 que desde 1555, han sido registrados en el Perú.

Los efectos de estos sismos, están perdidos en la historia, excepto los daños causados por los recientes sismos de gran capacidad destructiva, el más reciente de estos, el terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007, y allí es donde quería llegar.

¿Estamos preparados en el Perú para enfrentar en el siglo XXI un gran sismo de características catastróficas?

A la luz de lo ocurrido en Pisco, viendo la errática respuesta inicial del gobierno así como la de la mayoría de entes de la administración pública y sobre todo, a la luz de los pobres resultados logrados por el Estado Peruano en su conjunto en mas de tres años, creo que este es un tema que merece ser tenido en cuenta.

Organización:

En primer lugar veamos la respuesta inicial del gobierno en lo político, al encargar las tareas de reconstrucción a Julio Fabre, un amigo del régimen pero sin vinculación real con el problema. El caso mas cercano en la historia del Perú es el de Nicolás de Piérola, Ministro de Hacienda a quien el Presidente José Balta le encargó la Reconstrucción de los daños del gran sismo de 1868.

Hoy, las teorías de desarrollo social y administración pública hablan de empoderar, fortalecer a la autoridad afectada, no sustituirla. Corrigiendo esto entonces, la primera medida a tomar para asegurar un accionar mínimamente aceptable del Estado será: Dotar a los alcaldes provinciales de la zona afectada de suficientes cuadros técnicos como para accionar de inmediato y exitosamente. De un lado resolver la urgencia, pero de otro, muy importante, planificar, programar ejecutar y controlar la reconstrucción.

Recursos:

Sin embargo, poco o nada podrá hacer una autoridad sin recursos. En el Perú es imposible gastar dineros públicos fuera de los presupuestados a fines de Agosto y aprobados por el Congreso a fin de año. El gasto público en infraestructura debe aprobar la normativa del SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública que toma un promedio de dos años.

Actualmente un desembolso para resolver una emergencia se resuelve así:

• Existe un Fondo de Contingencia pero nunca lo suficientemente grande como para poder sostener, frente a un evento catastrófico, una acción inicial hasta el presupuesto del siguiente año.
• Paralelamente, se dictan disposiciones genéricas mediante las cuales, los Sectores léase Ministerios, que son los receptores de los Pliegos Presupuestales, deben deducir parte de sus recursos a reconstruir la zona afectada.

En la práctica, esta modalidad ha probado ser causante de un accionar descoordinado, caótico e incompleto del Estado y es preciso analizar caso por caso la mala performance en Pisco, Chincha, Ica y el resto de la zona afectada para tomar medidas correctivas preventivas, pero es preciso hacerlo ahora.

Estrategia:

Un sismo catastrófico con terremoto y maremoto que afecte Lima-Callao, dejaría al país sin sus principales puerto y aeropuerto. El efecto inmediato sería la incomunicación pero en un corto plazo, se cortaría el ingreso de divisas por exportaciones, ya que desde el puerto del Callao y el aeropuerto Lima-Callao sale el grueso de la oferta exportable nacional, dándose esto a pesar de que el 70% de las exportaciones proviene de regiones fuera de Lima. Además el terremoto podría afectar las plantas termoeléctricas de Chilca y el maremoto podría inutilizar la Refinería La Pampilla, paralizando al país. No hay que esperar entonces a que se produzcan los hechos, cada uno de los casos descritos y otros deberían tener un plan de contingencia viable y conocido.

De lo urgente a lo importante:

Hay la creencia que se debe actuar recién después de producido el desastre, para eso el Estado peruano dispone de un Sistema de Defensa Civil cuya labor se centra en los primeros auxilios a víctimas y damnificados y la reparación de daños, pero en la práctica esta respuesta ha demostrado ser insuficiente. En toda la zona afectada, aún hoy a tres años del sismo, hay desmonte sin recoger por todos lados. Algo tan elemental como disponer un solo lugar para reunir el desmonte en cada poblado, no tiene un plan, ni programas de recojo, ni financiamiento, ni un seguimiento ni control posterior. Igual destino tienen todas las acciones para sacar adelante un poblado arrasado por el desastre. No se sabe qué hacer, ni cómo hacerlo, ni a quien compete. En esa situación, se pasa el tiempo y las cosas quedan sin resolver. No solamente se pierde vidas y recursos por efecto del desastre, se pierde además oportunidades de desarrollo por la incapacidad del Estado de asumir su rol director en cada caso.

Conclusión:

El lamentable caso de la reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 15 de Agosto de 2007 y sus pobres resultados a mas de tres años de ocurrido, debería servir como estudio de caso para proponer soluciones a todas las fallas y errores cometidos, corregir la legislación y las normas y preparar al Estado peruano para afrontar los próximos desastres naturales con mejores resultados. Algo tan simple como esto, que en países u organizaciones del primer mundo son procedimientos administrativos normales, ¿se podrá hacer en el Perú?

Luis Gurmendi.

Treinta y dos mil hectáreas ¿No son suficientes?

Treinta y dos mil hectáreas es un área enorme. Comparativamente es un rectángulo de ochenta kilómetros de largo por cuatro kilómetros de ancho. Es la extensión colindante a la Carretera Transoceánica Sur en la región Madre de Dios, que ha quedado depredada a consecuencia de la minería informal actuando allí impunemente durante años.

La deforestación es solo parte del problema, además está la contaminación de las aguas y fauna con miles de toneladas de mercurio utilizado para separar el oro del mineral que se extrae del fondo de los lodos que quedan después de talar y eliminar los árboles.

Treinta y dos mil hectáreas con uno de los mayores grados de biodiversidad del planeta, hoy están convertidas en enormes charcos de lodo, rodeados por troncos devastados, ni qué decir de las especies que sucumbieron en primera línea. Esa zona era el hogar de variedades de papagayo entre otras miles de aves menos conocidas. Para la mayoría de los seres humanos del siglo XXI, este panorama desolador sería suficientemente aleccionador como para no repetir el error. Pero no para las autoridades peruanas.

El Ministro peruano del Medio Ambiente acaba de enunciar un plan para dar una nueva oportunidad a los causantes de este desastre. Esta vez la máxima autoridad de protección del ambiente en el Perú cree que es posible llevar a cabo actividad minera en esa región pero sin emplear mercurio. Es decir de aquí a un tiempo, tendremos otras 32,000 hectáreas de selva deforestada y convertida en charcos de lodo pero con la ventaja que los ríos y la fauna sobreviviente no estarán contaminados con mercurio.

Mientras eso ocurra, el Ministro se dedicará a conseguir fondos para “recuperar” las treinta y dos mil hectáreas iniciales “degradadas por culpa de la minería informal…”.

La lógica del ministro es que ahora los operadores de la minería informal, a los que hace menos de un mes se les dinamitaron 19 dragas, podrán ser convencidos de usar otros tipos de tecnología sin empleo de mercurio pero que encarece su producción de oro en 15%.

Me pregunto para una región selvática tan frágil como Madre de Dios en pleno siglo XXI ¿no hay posibilidades de cambiar de actividad económica y reorientarla a otra como la reforestación y el turismo que implique conservar las áreas de selva y no depredarlas preservando su biodiversidad? ¿No será que hay un sinnúmero de programas derivados de las normas del Protocolo de Kyoto, los acuerdos de Copenhague y los bonos de carbón a los que el Perú podría aplicar que nos permitirían convertir esas treinta y dos mil hectáreas en un ejemplo a escala global de verdadera recuperación de un área depredada?

Estoy seguro que dedicar esta enorme área a un plan de recuperación forestal y turística demandaría mas puestos de trabajo formal que los precarios e innobles empleos proporcionados hasta hoy por la minería informal. Cientos de niños secuestrados o negociados para ser empleados en condiciones cercanas a la esclavitud en labores mineras ¿No significan nada para las autoridades peruanas?.

Ojalá pronto tengamos noticias de un cambio de actitud.

Luis Gurmendi

¿Planeamiento de infraestructura?

En nuestro país, con un 38% de población afectada por pobreza, deberíamos entender que toda inversión en infraestructura es dinamizadora de migración y de re-asentamientos de población. Esta es una característica común en todos los países afectados por pobreza y des empleo o sub empleo, lo que no es común es que, siendo así, el Estado que invierte en infraestructura o como en nuestro caso, promueve inversiones en infraestructura, se desentienda de la dinámica poblacional creada.

Un ejemplo reciente es el caso del área poblada que se ha formado en las cercanías del Terminal del gasoducto en Pampa Melchorita. Lo malo no es que se haya formado el asentamiento, lo malo es que no haya intervenido ninguna instancia técnica a cargo del Estado para evitar el sufrimiento de cientos de personas que viven en el desierto sin ninguna facilidad.

Lo malo también es que la ubicación y distribución desordenada de las viviendas desmejora la seguridad actual y futura de la nueva autopista Cerro Azul-Chincha. Viviendas ubicadas dentro del derecho de vía, sin dejar espacio suficiente para una o mas pistas auxiliares que permitan el desarrollo de velocidades de autopista en esa zona, desmejoran esta inversión. Una vez mas hago la pregunta ¿hay responsables en este caso?

Seguramente no habrá responsables porque nuestro ordenamiento legal sobre el tema es casi inexistente, y allí es donde este artículo quería llegar.

Un grupo de muy respetables profesores universitarios de economía (1) proponen para el Perú un Plan Nacional de Infraestructuras. Suena lógico que frente al desafío de colocar en nuestro espacio nacional un total de treinta y ocho mil millones de dólares, se necesite algunos criterios que ordenen este gran emprendimiento, pero ¿solamente un Plan Nacional de Infraestructura?, yo creo que considerando la variable poblacional descrita, el país necesita un Plan de Desarrollo Urbano Regional, donde de una vez por todas, el Estado peruano asuma su rol no asumido en 190 años, frente al asentamiento poblacional en general y de las clases populares en particular hoy en manos de mafias de traficantes de tierras rústicas con los lamentables resultados que están a la vista en todo el territorio.

Pero, a la luz de los hechos, no son las instancias administrativas existentes las que deban encargarse del problema. No será el burocrático y centralizado Ministerio de Vivienda el que podría asumir el encargo ni la politizada COFOPRI Comisión para la Formalización de la Propiedad Privada, cuyo rol actual es legalizar el corrupto y nada técnico proceso de tráfico de tierras. En la mayoría de los países estos encargos han sido dados ad hoc.

En Colombia son las Corporaciones Autónomas Regionales con los resultados espléndidos que demuestran las ciudades colombianas.

En Brasil el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC) creado en los sesentas del siglo pasado sería un excelente ejemplo.

En los cincuentas, la Autoridad Autónoma del valle de Tennesse, todo un estudio de caso clásico.

El próximo gobierno peruano tiene la tarea de afrontar el problema, crear organismos técnicos con alta capacidad ejecutiva a cargo de técnicos cuya permanencia se mida en resultados. A partir de una línea de base establecida inicialmente y con sanciones muy severas al manejo delincuencial de fondos. Su tarea básica: disminuir el porcentaje de población asentada sin planificación, y a la vez, eliminar la actual forma de acción del estado peruano respecto al tema. Es decir actuación a posteriori con un gasto igual o mayor y resultados lamentables.

La relación mafias de tráfico de tierras-políticos corruptos-COFOPRI debe terminar. En su lugar la acción técnica oportuna de técnicos que permitan el asentamiento poblacional en lugares viables y planificados, con un previo diseño que prevea espacios para futura infraestructura, con habilitación de servicios y ejecución de obras previamente a la ocupación del territorio, es decir, asentamientos poblacionales en condiciones mínimas de habitabilidad.

El Paradigma de espacio territorial nacional a lograr debería ser el obtener en el largo plazo, un modo de vida equivalente, homogéneo en todo el territorio nacional y ello nos llevaría a invertir básicamente fuera del área de Lima Metropolitana y fuera de Lima provincia.

Obviamente estas acciones deberían realizarse en zonas del territorio con el menor riesgo de ser afectadas por el stress hídrico inminente relacionado al calentamiento global, para ello, habrá que analizar la capacidad actual y futura de las cuencas hídricas. Esta aparente limitación plantea a la vez una oportunidad: El Plan Nacional debe ser un Proyecto MDL y así recibir el apoyo global tanto técnico como económico.

El principal obstáculo para lograr esto serán los políticos, acostumbrados al fácil recurso de obtener votos prometiendo servicios a los asentamientos de extrema pobreza alrededor de Lima Metropolitana.

Otro obstáculo será el ordenamiento legal y normativo alrededor del SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, basado en la previa demostración de una adecuada Tasa Interna de Retorno de la inversión a realizar. La limitación de este método es que se concentra solo en una matriz de análisis unidimensional básicamente económica. Ya desde el siglo pasado estudiosos del tema como Walter Issard, plantearon la limitación de este enfoque y propusieron ampliarlo a una Matriz económica-ecológica y social.

A la luz de los hechos, resulta más que evidente que en el Perú la acción del estado para asumir este rol de planificador urbano y regional no podría regirse por el SNIP.

La distribución misma de la población nacional en el territorio nacional con el 30% de la población total en Lima, la inexistencia de opciones urbanas equivalentes a las de Lima en el resto del territorio nacional, la incapacidad de gasto de recursos existentes, el mal uso de recursos, la tardía acción frente a desastres naturales, todo delata esta limitación.

Otra limitación de la normativa del SNIP para actuar, es su acción sectorial. La ciudad y la región no pueden ser objeto de planeamiento desde un enfoque sectorial, la lógica de ciudad y región es espacial, física y poblacional y estas superan como nivel de análisis la actuación sectorial. La suma de las acciones de los sectores no produciría una región o una ciudad coherentes.

Queda entonces esta tarea pendiente. Un Plan Nacional de Infraestructura, sí, pero dentro de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Regional.

Luis Gurmendi

(1) Diario Gestión, Lima, 22 de Febrero 2011.

José Bonifaz, catedrático de la Universidad del Pacífico y especialista en el tema, enfatiza que se necesita elaborar un Plan Nacional de Infraestructuras para evitar que iniciativas privadas que no son prioritarias, se concreten con celeridad. En ese sentido, el especialista afirmó que la cartera de proyectos de Proinversión y de los Gobiernos regionales no tiene un “ordenamiento adecuado". “Si consideramos que la brecha representa el 30% del PBI y actualmente se está invirtiendo solo el 14%, entonces estamos lejos de revertir el problema si seguimos en este ritmo de inversión”, afirmó. También se refirió a los 33 proyectos priorizados por el Gobierno mediante los decretos de urgencia 001 y 002 del 2011: “(Los proyectos) corresponden a un listado que incluye iniciativas privadas y consideraciones políticas más que una verdadera priorización de proyectos de acuerdo a las necesidades del país”, concluyó.

El sur ¡ahora!

Después de muchos años sin oportunidades, el sur del Perú empieza a tenerlas. Pero como muchas otras en el Perú, podrían echarse a perder o peor, la inacción del estado podría desencadenar un infierno en el mediano plazo.

Al sur andino del Perú siempre se le dio una imagen de atraso quizá injusta. La mancha india, el bolsón de extrema pobreza y otras denominaciones entre racistas y excluyentes fueron usadas por economistas y comentaristas menos ilustrados para denominar la extensa y poblada región compuesta por Cusco, Puno y Apurimac. Mas atrasada aún que el promedio, la población rural de esas regiones se veía como una carga solo destinada a enmarcar actividades turísticas.

Contrario a eso, quizá con una visión un tanto romántica, yo siempre vi a esas masas empobrecidas, como una enorme reserva de valores basados en su antiguo pero vigente código de conducta. Ama sua, ama quella, ama llulla. Una población que sanciona el robo, la mentira y la ociosidad, pero que alcanzada por la “modernidad”, es atravezada por el contrabando, el narcotráfico y la indolencia e inacción del estado y siendo así, corre el riesgo de perder sus valores.

Sin embargo, producto de decisiones de dos regímenes, algo poco común en nuestra historia, esa región acaba de recibir una inversión extraordinaria, la carretera interoceánica que, como todo megaproyecto vial, ha empezado un proceso de dinamización de toda esa área, cuya primera manifestación es el aumento de precio de todos los terrenos al borde de la vía.

Ya en el Perú sucedió algo parecido. En el siglo pasado, luego de la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, extensas áreas nuevas en los valles del río Huallaga, quedaron disponibles pero sin ningún plan o acción estatal, el estado desatendió la dinámica regional creada, abundante población serrana llegó y se asentó en esas extensas regiones siguiendo el único procedimiento posible: invadir o peor, comprar el terreno a mafias de traficantes informales de tierras rústicas, sufrir las inclemencias del clima sin servicios públicos básicos como pistas y veredas, agua potable y energía eléctrica. Poblaciones que crecieron con índices de mortandad infantil superiores a los índices africanos, hoy son enormes áreas de barriada con nombres como Nueva Cajamarca, Tocache, Campanilla, Tulumayo y otros, todos ahora convertidos en centros de acopio y distribución de hoja de coca, pasta de cocaína y cocaína en polvo con activas áreas de comercio informal producto del contrabando y la corrupción policial. En todas estas áreas, la población elige autoridades locales y regionales que defienden sus intereses y que cada vez más se alejan de los criterios de gobernabilidad del resto del país.

Los asentamientos poblacionales alrededor de la carretera Marginal de la Selva, son un triste caso de inacción del estado. Dos o tres generaciones de habitantes viviendo en la informalidad y sin apoyo estatal, sobreviviendo a condiciones infrahumanas, produjeron redes urbanas y rurales ilegales y casi delincuenciales. Sobre estas poblaciones algunas autoridades municipales y algunos sectores como Salud, Educación y el Interior, han logrado invertir en infraestructura, algunas redes de agua y desagüe, algunas redes de energía eléctrica, algunas postas médicas, algunas escuelas y algunas comisarías. En ningún país limítrofe, ni en Brasil, ni en Colombia, Ecuador o Chile existen casos como este. Este mismo fenómeno debe evitarse alrededor de la Carretera Interocánica Sur.

Lo primero que hay que hacer es dictar un marco legal que permita la acción estatal para planificar una red urbana y regional. La legislación proveniente del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), creada para desalentar la inversión pública, debe ser desactivada para este caso. El enfoque sectorial del SNIP resulta insuficiente. Estas inversiones deben tener un manejo único y multi-sectorial compatible con la naturaleza del objetivo, construcción de obras planificadas como parte de una futura red urbana y regional exitosa.

Este Plan debe darse de inmediato aprovechando la inmensa oportunidad que brinda una vía que une los cuatro estados BRIC, es decir Brasil con Rusia, India y China, además de plantear una nueva vía para unir el norte de Chile con el Brasil. Nuevos centros urbanos deberán recibir atención cuanto antes. Frente a Brasil, Iñapari debe ser trazado como el mas importante contacto con Brasil, con un puerto fluvial, aeropuerto e infraestructura equilibrada con la ciudad de Asís en Brasil. El siguiente centro urbano de importancia debe crearse en Urcos, punto de encuentro de esta carretera con el eje turístico Cusco-Urubamba. Juliaca deberá ser repotenciada y entre esta ciudad y Arequipa deberá promoverse la creación de un asentamiento nuevo que facilite el difícil recorrido.

Todo este conjunto de acciones corre el riesgo de darse sin participación estatal, sin planificación y dejándo la iniciativa a las mafias traficantes de tierra. Si así fuera, estas mafias serían el vínculo directo con las ya existentes mafias de contrabandistas, de mineros informales y de depredadores forestales a lo largo de la vía. Estaría por crearse otra red urbana regional en manos delincuenciales pero esta vez con una masa poblacional que llega al 20% de la población nacional con las consecuencias que esto plantearía a la ingobernabilidad del país a mediano plazo. Tal es la importancia para actuar de inmediato.

En vez de eso, desde Agosto del 2011, alguna entidad ejecutiva creada ad hoc debería hacer realidad el Plan Urbano Regional, este sería el mayor Megaproyecto Urbano MDL a nivel global, con lo que millares de organismos internacionales estarían dispuestos a colaborar. Inicialmente bastaría con el trazado de las áreas, destinar generosas parcelas para infraestructura de todo tipo (hecho imposible cuando los diseñadores urbanos son los traficantes de tierra), e iniciar las plantas de agua y de tratamiento de desagües y las redes públicas de servicios. Luego, con la misma probada legislación exitosa en la costa, podría licitarse grandes conjuntos de vivienda para ser financiados por la banca privada pero en este caso, el Bono Familiar Inmobiliario debería ser dado en mucho mayor proporción a los aportes del poblador. Copiemos a Chile. Ellos nos llevan décadas en ese tema. Se estimularía la urbanización, pero en las mejores condiciones. Soy un convencido que gastando así, el estado gastaría menos que como lo hace en la modalidad actual pero sin el costo de tanto subdesarrollo implícito.

Dentro de esta coyuntura, destaca una oportunidad extraordinaria. La ciudad del Cusco debe recibir una atención preferencial. No solamente debe iniciarse cuanto antes la construcción del nuevo aeropuerto en Chincheros, sino que, cuando esto suceda, debe incorporarse al uso urbano el área del actual aeropuerto de manera que el centro de la ciudad deje de tener la presión que hoy se ejerce sobre sus actuales construcciones que deberían quedar intactas para fines turísticos. El uso del área del antiguo aeropuerto debe ser para aumentar la calidad del espacio público urbano del Cusco con un 85% de área dedicada a área verde, con miras a convertirlo en el futuro centro regional del turismo andino en América del Sur, categoría que hoy detenta La Paz por su ventaja de infraestructura aeroportuaria pero que debe ser superada por la del Cusco con Chincheros. Siendo así, queda por destinar un importante ramal del gasoducto sur andino a necesidades de energía del eje turístico.

Hay entonces suficientes temas como para plantear un Plan de Desarrollo Urbano Regional del Sur.

Luis Gurmendi

Lo urbano ahora.

Apliquemos los conceptos básicos del planeamiento estratégico a la actual situación del crecimiento de la inmobiliaria en nuestro país.

Su fortaleza: el crecimiento interno, que se ve amenazado por la caída del crecimiento de nuestra economía arrastrada por las crisis mundiales. Su oportunidad: crear nuevo mercado, ampliar la base de la demanda, ¿es esto posible?

Yo creo que sí, pero además, creo que en la búsqueda de esta solución, subyacen la solución a por lo menos dos de los problemas que más debilitan nuestra economía, la pobreza extrema y la falta de mercado interno.

No es esta una disyuntiva nueva para una sociedad. Europa, hace más de dos siglos y los Estados Unidos hace más de un siglo, aplicando tecnología y ofreciendo a gran escala producción a precios al alcance de las grandes mayorías, lograron lo que se denominó revoluciones industriales y con ello, eliminaron o redujeron la pobreza, crearon mercado y llegaron a desarrollarse.

Tampoco es una disyuntiva nueva para el Perú donde, afortunadamente, ya hay precursores exitosos de esta futura revolución que ya se aprecia en la ropa de Gamarra, las bebidas gaseosas convertidas en el trampolín de éxitos transnacionales, los mototaxis, los celulares prepago y… los créditos hipotecarios.

Sin embargo es específicamente en este último producto en el que podemos ver un mayor potencial de crecimiento.

Crecimiento pero con planeamiento.

Porque implica el uso a largo plazo del territorio, la alteración definitiva del paisaje, la irrupción en el medio ambiente y la posibilidad de empeorar o mejorar la calidad de vida de millones de personas en varias generaciones, la habilitación de tierras rústicas y la construcción de vivienda e infraestructura urbana no debe ser, como ha sido hasta la fecha, dejada predominantemente a la iniciativa individual de pobladores sin recursos.

Cientos de asentamientos humanos en los que tres o cuatro generaciones de pobladores debieron sufrir la falta de servicios básicos para después de 40 años exigirlos y obtenerlos del estado, deberían ser suficiente ejemplo del porqué no deberíamos dejar que esto se repita, pero, para lograrlo no vayamos por el camino de la caridad o de dádiva política, para tener éxito en esta empresa, vayamos por el lucro que es, a fin de cuentas, la única manera de transformar esta posibilidad en parte del mercado.

De las microfinanzas a la inmobiliaria y al desarrollo urbano.

El éxito de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, así como el de los programas Techo Propio y Mivivienda, permiten proponer nuevos productos inmobiliarios no ya dedicados a poblaciones establecidas en áreas urbanas sino en poblaciones a las que en el corto plazo les estará obligado migrar en aras de su subsistencia, es decir las poblaciones de extrema pobreza, afectadas por eventos que tarde o temprano las afectarán y las llevarán a migrar. ¿podemos ignorar este enorme grupo poblacional?, más propiamente dicho, ¿podemos seguir ignorándolo?

No solo no deberíamos ignorarlo sino que tomarlos en cuenta implicaría además de un reto nacional, la más importante oportunidad para las actividades relacionadas a la construcción, la inmobiliaria, el desarrollo urbano y en definitiva el desarrollo del país.

¿Solo planeamiento a cargo del estado?

El estado peruano no existe para la mayoría de los peruanos. A lo largo de los años, dejó de asumir cada vez más roles para las mayorías y asumió solo los que le significaron rédito político, en la práctica, se ausentó del ámbito rural.

Hoy, el ámbito rural ha experimentado un renacimiento colgado de la posibilidad de nuevas producciones para la exportación, pero al mismo tiempo, nuevas amenazas se avizoran contra las poblaciones rurales. El agotamiento de las fuentes de agua y el cambio climático, son solo dos de las grandes amenazas para importantes poblaciones que se verán obligadas a migrar en el corto plazo, pero ¿A dónde?, ¿A Lima como desde hace 60 años, pero esta vez con menos agua y menos terreno libre?, ¿A las demás ciudades muchas de las cuales tienen iguales o peores condiciones que Lima? O a nuevas áreas con la ventaja de poder en ellas partir del valor cero de terrenos y sacar ventaja del mínimo de compromisos legales y burocráticos.

Las legislación vigente permite a un alcalde distrital producir ordenanzas con peso de ley, la normativa de edificaciones tiene alcance nacional, Cofide directamente o a través del Fondo Mivivienda, debería poder subsidiar, tal como actualmente lo hace en Lima y las principales ciudades, programas de habilitación urbana y construcción simultánea de vivienda e infraestructura a partir de emprendimientos privados en puntos del territorio en los que en el corto plazo se asentará población atraída por proyectos en marcha. Quizás se necesite un poco más de subsidio que el que recibe un poblador por recibir un préstamo en Lima, pero éste a la larga significará una inversión de más calidad que aquella a la que estará obligada a hacer dentro de tres generaciones sin servicios básicos.

¡Se pasa el tren!

Para expertos en vivienda y en desarrollo urbano, resulta penoso ver como en el Perú se pierden oportunidades. De 1990 a la fecha, en la región La Libertad, se crearon 40,000 puestos de trabajo eslabonados a la actividad agrícola. En ese período, el promedio de ingresos de ese tipo de empleo subió de S/. 500.00 a S/. 700.00, hoy bordea los S/. 1,000.00, suficiente como para pagar una cuota mensual de S/. 200.00 durante 10 años y con el bono de subsidio de S/. 13,400.00 de Techo Propio obtener un módulo básico con todos los servicios. Con este impulso, el poblado de Virú podría haber desarrollado por lo menos unas tres o cuatro mil unidades de vivienda nuevas y haberse convertido en el centro de servicios del valle a 50 Km de Trujillo. Aún hoy, esta posibilidad choca con la falta de suficiente agua potable y terrenos zonificados, saneados y disponibles. Otro caso penoso es el de pampa Melchorita, punto final del gasoducto, un proyecto que con US$ 3,500 millones fue la mayor inversión privada en la historia nacional, ¿Qué es lo que no estaba claro hace 4 años para darse cuenta que atraería población?, tener hoy las enormes áreas de barriada alrrededor de este proyecto (y no una población con agua, desagüe y luz) debería tener responsables. En nuestro país, durante años vivimos convencidos de la imposibilidad del desarrollo en general y del desarrollo urbano en particular. Hoy, con cada proyecto de inversión se abren nuevas oportunidades de lograrlo. Para ello, acostumbrémonos a que las primeras condiciones del planeamiento son la visión y la predicción y en base a ello la acción a tiempo.

Luis Gurmendi