El próximo martes 20 de Diciembre a las 11 de la mañana el presidente de la república invitado por Odebrecht, presenciará la excavación de los últimos 4 metros de túnel del proyecto Olmos que ya lleva 86 años sin hacerse realidad.
El túnel de casi 20 Km de largo pronto estará listo. Desatará una actividad económica intensa en la pampa de Olmos. 5,500 hectáreas existentes y 38,000 hectáreas nuevas serán irrigadas con aguas del río Huancabamba que pertenecen a la cuenca del Atlántico.
Con un cálculo conservador de 2.5 personas necesarias por hectárea, pronto se iniciará una oferta de 100,000 nuevos empleos directos y una mayor cantidad de empleos indirectos, en síntesis, la llegada de población nueva y bonanza económica. Todo esto sin un adecuado marco ordenador respecto al desarrollo urbano y regional.
Se debería tener un plan de acción básico mínimo que el estado no ha hecho y no hará. En el Perú, hace 190 años el estado no se ocupa del tema, ni en sus niveles municipales faltos de capacidad técnica, ni en los regionales atrapados en el laberinto del SNIP ni menos en el burocrático y centralista gobierno central.
Aún sin ese plan básico, se puede aprovechar económicamente esta bonanza mediante iniciativas público privadas que ofrezcan al estado hacer urbanizaciones para vivienda y comercio, zonas habilitadas para agro-industrias, caminos vecinales, tendido de líneas de energía eléctrica, aeropuerto local, todos proyectos capaces de generar rentabilidad y generar sinergias entre sí produciendo un círculo virtuoso que en el resto del mundo se conoce como desarrollo. Para ello sería necesario un marco legal que estimule, organice y promueva las iniciativas privadas.
En los casos precedentes, como el caso del poblado de Virú respecto a la actividad creada por el proyecto Chavimochic, mafias de traficantes de tierras denuncian terrenos cercanos, organizan invasiones, obtienen ganancias ilegales de la venta de lotes sin habilitación urbana y sin servicios a pobladores que llegan a trabajar a la zona y producido el subdesarrollo social y su correlato urbano, el estado llega algunos años después a través de COFOPRI para otorgar títulos y luego el Ministerio de Vivienda para dotar costosamente estas áreas ocupadas con obras de agua potable y servicios básicos. Entre tanto, algunos políticos obtendrán votos por atribuirse la gestión o la autoría de estas obras.
Está demostrado que el gasto estatal sobre este proceso informal es mayor que en otro planificado. Que el costo de asumir los pasivos sociales, urbanos y ambientales es enorme, que las probables sinergias que se obtendrían de una acción planificada se pierden sin beneficiar a nadie. Está demostrado que el sub desarrollo no es rentable. Está demostrado también que instituciones burocráticas y centralistas dedicadas a labores normativas como los ministerios no son las más exitosas para liderar proyectos de desarrollo urbano y regional. En Colombia, hace años funcionan las corporaciones regionales público privadas para producir sinergias y eslabonar proyectos. En los Estados Unidos la TVA lo hizo en Tennessee hace 80 años. ¿Algún día haremos algo similar en el Perú?
