Alrededor del año 2010, investigaciones hechas en el CISMID (Centro
Peruano Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres) de la UNI
en el ámbito del proyecto SATREPS (Science And Tecnology REsearch Partnership
for Sustainable Development) basadas en el estudio de las asperezas en los
planos de subducción entre placas que explican la diferencia de energía
acumulada en zonas en la costa occidental de América del Sur, permitieron
pronosticar con base científica tres grandes movimientos sísmicos:
·
Uno de más de 8 Mw en el norte de Chile que con
8,2 Mw, ya se produjo en Iquique, el 1 de abril de 2014.
·
Otro de menos de 8 Mw en la zona norte de
Ecuador, que con 7,9Mw ya se produjo en Manabí el 17 de abril de 2016 y
·
Otro que corresponde aproximadamente al área de
la provincia de Lima de entre 8,6 y 8,9 Mw, que estamos esperando. La ciudad de
Lima, nunca ha soportado un sismo de esta magnitud.
Siempre supimos que vivimos en una zona sísmica, sin embargo
después de este pronóstico, la pregunta respecto al PLAM 2035 es ¿Podemos
ignorar esta amenaza en un plan que persigue el desarrollo metropolitano?
Las siguientes reflexiones estarían asociadas a los efectos
de este sismo:
·
Lima es el ámbito de producción del 60% del PNB
del Perú,
·
Lima cobija aproximadamente al 30% de la
población total del país y al 60% de la población urbana,
·
Casi la totalidad de la infraestructura de
primer nivel del país en salud, educación, comercio, cultura, deportes y
vivienda se ubica en Lima.
·
¿Es estratégico esperar el sismo sin tomar
ninguna medida relativa al país y la ciudad?
Fundamentos
del PLAM 2035
El sustento legal
del PLAM 2035 se desarrolla
impecablemente en el denominado Plan Regional de Desarrollo Concertado, a
partir de ese sustento legal el derrotero legal que sustenta el PLAM 2035 está
correctamente planteado.
Los planes se sostienen en un marco legal y tal como debe
ser, el PLAM 2035 se sustenta en la Constitución de 1993, que en su artículo
195, establece:
·
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de
su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo. Son competentes para:
o
1. Aprobar su organización interna y su
presupuesto.
o
2. Aprobar el plan de desarrollo local
concertado con la sociedad civil. .....
o
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de
sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el
acondicionamiento territorial.
o
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y
el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura
local.
o
8. Desarrollar y regular actividades y/o
servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e
históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
o
9. Presentar iniciativas legislativas en
materias y asuntos de su competencia…..”
Para los analistas en planeamiento, la Constitución Política
del Perú de 1993, omitió un nivel en este conjunto de competencias, antes del
punto 6, en este mandato faltó una instancia superior, una instancia referida
al territorio nacional, uno de cuyos usos es el urbano, esta reflexión previa
en términos de visión nacional del territorio es necesaria, porque su pasado,
su presente y su futuro son producto de decisiones humanas, políticas y específicamente
económicas que es necesario revisar permanentemente.
Extraño entonces, en este nivel del mandato constitucional,
la instancia de Planeamiento Territorial, una visión nacional de la que emane
para la ciudad de Lima y para los centros urbanos en general, un rol para sí y
respecto al resto de ellos. Pareciera esta una demanda forzada o sin
importancia, pero a la luz de los hechos, 197 años después de similar número de
ejercicios presupuestales volcados desigualmente en el territorio nacional con
clara ventaja para el crecimiento y mejora del modo de vida en Lima y clara
desventaja para los del resto del país, vemos que siempre hizo falta esta
reflexión.
Habiendo sido fundada en 1535 cuando el Cusco era la mayor
concentración poblacional de América del Sur, ya en 1791, Lima era la primera población urbana del país, lugar que no abandonó hasta la fecha. En la
actualidad, para un país de 30 millones de habitantes, la población
metropolitana de Lima llega a más de 9´300,000 personas y el Perú carece de una
red de ciudades intermedias. Hoy, la suma de las poblaciones de los 24 centros
poblados del país con más de 100,000 habitantes, que suma las poblaciones desde
Arequipa hasta Pisco, llega al 73% de la
población de Lima Metropolitana. Los problemas hacia adentro y hacia afuera
de Lima que esta conformación territorial crea, debieron y deben ser parte de
la reflexión de cualquier Plan de corto, mediano o largo plazo que persiga el
desarrollo del país o de parte del país.
Durante décadas, la falta de reflexión sobre un rol claro
para Lima Metropolitana, llevó a los diversos estamentos de la opinión pública,
a considerar el crecimiento desigual de Lima respecto al del resto del país,
como algo “natural”, lo que fue y es un error, no hay nada más artificial que
el crecimiento urbano, derivado totalmente de decisiones humanas tanto sobre
inversión como sobre localización de
infraestructura y equipamiento, decisiones que, a la larga, modificaron la
calidad del modo de vida en un punto del territorio diferenciándolo del resto,
convirtiendo un territorio homogéneo en otro muy heterogéneo y jerarquizado.
El CISMID entonces, está pronosticando un gran sismo que
afectará Lima, el peso de Lima en el conjunto de indicadores nacionales es
decisivo, la ciudad y el país deberían planear tanto el tiempo previo como el
posterior a esta amenaza ¿Porqué el PLAM no la considera?
La metodología del plan estratégico también nos lleva al
estudio de las debilidades y de una u otra forma hay dos cuya solución es
fundamental para el éxito de un plan: La
legislación permisiva respecto al uso del territorio y la debilidad legal para
permitir expropiaciones.
Legislación
permisiva con el uso del territorio
Desde mediados del siglo pasado, la migración de la
población provinciana en general y campesina en particular hacia Lima y las
principales ciudades del país y la incapacidad de respuesta del estado, en esa
época en crisis económica y política, llevó a un punto magníficamente descrito
por el sociólogo José Matos Mar en su libro editado por Instituto de Estudios
Peruanos en 1984, “Desborde popular y
crisis del Estado”. Como parte de esta situación, la presión social y política,
produjo una legislación que permite al invasor de tierra rústica de propiedad
pública, convertirse legalmente en posesionario y finalmente en propietario.
Esta legislación, premió el esfuerzo
individual, de un poblador invadiendo en lucha contra el Estado, un área que
necesitaba para vivir. Medio siglo
después las cosas han cambiado, hoy esta legislación es utilizada por grupos
organizados que se apropian de grandes extensiones de tierra rústica que
después venden a la población en lotes mínimos también rústicos. Esta modalidad
por ser ilegal, es corruptora de autoridades, ya que para asegurar el éxito de
la operación, las autoridades encargadas de evitar la invasión, deben estar
incluidas entre los beneficiarios del reparto de lotes. De esta manera, a lo largo
del país, sucesivas invasiones muchas de ellas con acciones de extrema
violencia, han perfeccionado una metodología de apropiación de tierra rústica
que es la que rige actualmente en el Perú. Se calcula que por lo menos el 70%
del área urbana del país tiene este origen. Este modo de apropiación del
territorio tiene dos efectos por ser tenidos en cuenta:
El más importante efecto es hacia el pasado, se remonta a la invasión como el primero de
un conjunto de pasos que llevaron a un diseño de la ciudad hecho por prácticos
y no por urbanistas ni arquitectos en aplicación directa de tiza al territorio
buscando el mayor número de lotes de venta y sin mayor reflexión sobre las
necesidades de áreas para equipamiento urbano o diseño vial, una gran
especulación que se manifiesta por la abundancia de lotes vacíos caracteriza a
esta modalidad. Un siguiente paso, se produce cuando el poblador-comprador del
lote, inicia la construcción de su edificación. Sin estudio de suelos, sin la
intervención de arquitectos ni ingenieros, se da inicio a la construcción. El
resultado es una edificación resuelta solamente para la exigencia de
condiciones estáticas, empleando materiales inadecuados, siguiendo procedimientos
constructivos sin supervisión y por lo tanto con una alta condición de
vulnerabilidad frente a un sismo de grado 8.6 o más que es el que nos amenaza.
El otro más importante efecto de esta legislación permisiva,
es hacia el futuro, y es la impredictibilidad del destino del territorio por
planear. Ningún plan podrá ser llevado a cabo mientras la legislación permita a
pobladores posesionarse de terrenos rústicos para ser posteriormente
reconocidos como propietarios por el COFOPRI. En junio de 2016, como parte de
su campaña electoral, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, adelantó la idea del
llamado Tren de Cercanías. Hoy, el 2018 toda el área de la futura ruta del tren
desde Huaral hasta Pisco, ha sido ocupada por invasores, de la misma manera,
invasores a lo largo del país, rodean los principales proyectos anunciados.
Otra debilidad
legal
Finalmente, la otra debilidad limitante a ser tenida en cuenta
es la legislación para llevar a cabo una expropiación. A partir de la
Constitución de 1993, el estado no dispone del bien sino hasta la conclusión
del litigio legal con el expropiado. Un caso emblemático es el de la ampliación
del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, donde un propietario retiene la posesión de parte del área a expropiar e impide el inicio de las obras desde hace 17 años.
Sin embargo, estas dos grandes debilidades que limitan la
factibilidad del plan tienen la posibilidad de ser solucionadas, el artículo
195 de la Constitución determina que las Municipalidades, tienen competencia
para presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su
competencia. Como parte de su factibilidad entonces, el plan debería incluir el
conjunto de propuestas que solucionen estas y otras debilidades.
La
amenaza de un sismo grado 8.6 Mw
El 24 de octubre del año 1746, hace 272 años, Lima tenía 211
años de fundada. Ese día se produjo el único sismo de grado 8,5 Mw que ha
ocurrido en el Perú. El epicentro se localizó en el mar frente a Huaral. Lima
fue destruida totalmente, gran parte del área del puerto del Callao, se hundió
en el mar, media hora después un maremoto entró por la costa norte por la zona
que ahora corresponde al Aeropuerto Jorge Chávez en la dirección de Noroeste a
Sureste llegando a la zona que hasta ahora conocemos como La Legua, donde
después, en agradecimiento a la Virgen del Carmen, se edificó el templo de El
Carmen de la Legua.
La escala del tiempo en la que se manifiestan estos fenómenos supera largamente la vida humana,
quizá por esa razón, la idea generalizada es que edificaciones de Lima que han
soportado sismos de magnitud 8,2 Mw como el del 24 de mayo de 1940 o un sismo
de grado 7,9 Mw como el de Pisco del 15 de agosto de 2007, soportarán un sismo
como el que amenaza Lima pronosticado entre 8,6 y 8,9 Mw, no se llega a
entender que el aumento de la magnitud de un sismo tiene una variación
logarítmica, donde la energía liberada por un sismo de grado 7.9 Mw, es comparable
a la de 30 bombas atómicas, pero para un sismo grado 8.0 Mw. es similar a 900 y
para un sismo grado 8.1 es similar a 27,000.
Otras
amenazas
No es la sísmica, la única amenaza para el crecimiento ilimitado
de Lima Metropolitana. A nivel global, Lima es la mayor concentración de
población sobre un área desértica. Hasta la fecha, Lima se dota de agua potable de
los deshielos de los glaciales de la cordillera de los andes, pero sabemos que,
como consecuencia de los efectos del Cambio Climático por el Calentamiento
Global, estas van camino a la desaparición.
A esta amenaza se suma la contaminación química del cauce
del río Rimac en el valle de Tamboraque a 93 Km al este de Lima donde un
depósito de relaves podría colapsar en un terremoto y envenenar la principal
dotación de agua de la ciudad.
Nadie ha estudiado seriamente si la población de Lima
Metropolitana puede seguir creciendo después de que un sismo de grado 8,6 Mw
acelere el colapso de estos glaciales o provoque la contaminación de su cauce,
estas amenazas también deben ser estudiadas.
La Amenaza sísmica y la hídrica, deberían haber sido
suficientes como para condicionar todas las etapas de un Plan para Lima, pero
no ha sido así, preguntas importantes como ¿debe seguir creciendo Lima?, ¿Cómo
aumentar la resiliencia de una ciudad cuyo 75% de pobladores vive en viviendas
vulnerables? ¿Qué hacer al día siguiente? son importantes.
Es cierto que la respuesta y la solución a estos problemas
rebasa ampliamente el nivel municipal, pero en tanto no los solucionemos, al
Estado peruano, del que la Municipalidad Metropolitana de Lima es parte, le
está quedando asumir los pasivos de las decisiones tomadas al nivel del tráfico
de terrenos, para sobre las áreas invadidas, dotar de servicios a costos muy
alto viviendas autoconstruidas y vulnerables, y después del sismo, encargarse
de un problema que lo rebasará ampliamente, mucho más complejo que antes del
sismo.
Autoconstrucción
como política de Estado
Como consecuencia del desborde popular causante de las
invasiones de terrenos rústicos de propiedad pública, desde mediados del siglo
pasado se analizó el caso desde muchos ángulos. Numerosas ONG valoraron el acto
casi heroico de un poblador que en base a una organización popular, desafía al
Estado creando valor de la nada, incrementando su patrimonio familiar para
superar la pobreza, muchos para convertirse en emprendedores algunos con
extraordinario éxito, sobre esta idea, apareció en noviembre de 1986, el libro
“El otro Sendero” editado por el Instituto Libertad y Democracia y escrito por
Hernando de Soto en colaboración con Enrique Ghersi, y Mario Ghibellini, en el que al proceso de
invasión y posterior autoconstrucción se le encuentra otro lado virtuoso: Haberse
convertido en ahorro familiar e incluso en garantía financiera para que la
familia escale cada vez a mayores niveles de ingreso.
La tesis de de Soto, produjo una justificada euforia de
resonancia mundial que en el ámbito local tuvo como efecto que los sucesivos
gobiernos, en la práctica, el Estado, adopte a la autoconstrucción como una
forma válida de respuesta al problema de la vivienda popular. Ahora se puede
decir que la Invasión y la Autoconstrucción, con sus elementos constituyentes tales
como: el reconocimiento de posesión de tierra rústica, el apoyo técnico a los
pobladores para autoconstruir, el asumir los pasivos urbanos, sociales,
ambientales y económicos derivados de las invasiones, al proveer a estas de los
servicios agua, desagüe, alumbrado, pistas y veredas a costos indefendibles por
el poco sustento técnico de las ubicaciones y de sus trazados urbanos, el mantener
la acción del COFOPRI (Comisión de Formalización de la Propiedad Inmueble), el
construir módulos básicos para ser ampliados por autoconstrucción. Son en su
conjunto y en la práctica, la política del Estado peruano frente el tema de la
vivienda popular.
Surge aquí el tema de la responsabilidad de la autoridad.
Desde 2010 conocemos el pronóstico científico de una amenaza ¿No deberían los
gobiernos centrales y los gobiernos municipales tenerla en cuenta?. Un caso de
extrema gravedad lo constituye el de Villa El Salvador. En 1969, a raíz de la
emergencia producida por la única gran invasión a terrenos privados unos días
antes de la Cumbre de los No Alineados, el gobierno promovió el traslado de
población llamada “alojada” proveniente de diversos barrios a las pampas de
arena conocidas como Tablada de Lurín. Hoy casi 50 años después, sobre este
suelo de origen eólico, cientos de edificaciones autoconstruidas con alturas promedio
de tres a cinco pisos y una esbeltez anti técnica producto del reducido ancho del
lote (7.00 m), constituyen edificaciones vulnerables, la mayoría destinadas a colapsar y
causar víctimas en el sismo de magnitud 8.6 Mw.
Hoy, el estado peruano es el único de la costa occidental de
América que, estando sobre suelo sísmico, mantiene como política de Estado esta modalidad de producción de
vivienda popular creadora de vulnerabilidad y que al día siguiente del sismo
cambiará drásticamente la situación existente. Las más de 40,000 víctimas que
quedarán entre los escombros serán una parte del problema, también habrá un
millón de familias sin vivienda y económicamente arruinadas, el ámbito de
producción del 65% del PNB destruido y el abastecimiento de agua y la red de
desagüe en crisis. El Plan no puede ignorar este probable escenario, más aún si
el ignorar esta amenaza por más de 50 años, tendrá tan alto costo de vidas.
Visión,
amenazas y plan.
Lo descrito, es parte de los antecedentes, que en la
metodología de un plan estratégico corresponden al estudio de las Amenazas y
Debilidades y que necesariamente deberían condicionar la Visión, la elaboración
y las propuestas de la totalidad del plan. Nadie sabe por qué no han sido
tomadas en cuenta. Aunque está claro que sus soluciones escapan largamente el
ámbito municipal, deberían estar detectadas, enunciadas y su solución debería ser parte de las
propuestas. Como lo ha sido en otros países.
El
combate a la autoconstrucción en otros países.
El 22 de mayo de 1960, la región de Valdivia en Chile fue
demolida por un sismo de magnitud 9,5 Mw, el más violento registrado por el ser
humano. Entre esa fecha y el fin de siglo, Chile soportó siete grandes sismos cinco
de promedio 7.2 Mw y dos de promedio 8 Mw que en su conjunto ayudaron a los
sucesivos gobiernos chilenos a sustentar técnicamente el combate radical a la
autoconstrucción. Hace 8 años, el norte y centro de Chile soportó el 27 de
febrero de 2010, un sismo de 8.8 Mw de 3 minutos de duración que produjo 510
víctimas y el sismo del 1 de abril de 2014 en Iquique de magnitud 8,2 Mw
produjo seis víctimas. Muy similares procesos de combate al peligro de la
autoconstrucción frente a la amenaza sísmica, aunque menos exitosos, son los casos
de México y Colombia, igualmente la legislación de Ecuador combate la
autoconstrucción desde 2016.
A lo largo del mundo, queda claro que la única forma válida
de vivienda popular en un país bajo una amenaza sísmica tan grande, es aquella
que se ubica en lugares planeados por urbanistas, inscritas en los Registros
Públicos, en áreas previamente habilitadas y dotadas de servicios, cumpliendo
estándares de sostenibilidad, en edificaciones multifamiliares sismo
resistentes diseñadas por arquitectos, calculadas por ingenieros, construidas
con abundante tecnología, bajo
supervisión de ingenieros. Tal como en el mercado informal, estas unidades
deberán cubrir todos los tamaños que demande el mercado, desde Unidades Mínimas
de 15.00 o 18.00 m² para personas solas o parejas, hasta otras mayores
para familias, con dos o tres dormitorios. Todas estas unidades deberán ser
parcialmente subvencionadas para ser adquiridas por los pobladores en cuotas. En
el futuro, todas en su conjunto, deberán integrarse al mercado inmobiliario.
Sin importar el plazo que tome, el Estado, o en la práctica
los sucesivos gobiernos, deberían iniciar y tratar de conseguir eliminar la
autoconstrucción haciéndola económicamente inviable. Esta medida rebaza
largamente la capacidad municipal, pero mejor ahora que después del sismo,
deberá ponerse en práctica. Los gremios de ingenieros, arquitectos, urbanistas y
planificadores, tenemos la obligación de alertar al Estado de esta situación y
poner este tema en la Agenda Nacional. Al igual que en los otros países citados que tomaron estas drásticas medidas,
el tiempo le daría la razón al Estado, aquellas personas y familias que logren
mudarse a una edificación sismo-resistente, dejarán de estar incluidas entre
las víctimas del sismo grado 8,6.
La inviabilidad económica de la autoconstrucción, tendrá que
ser producto de fuerte inversión tanto pública como privada en vivienda popular
y para fundamentarla, la matriz de análisis costo beneficio económico deberá
ampliarse e incluir variables sociales, urbanas y ambientales. Este cambio de
paradigma implicará un cambio de rol del Estado. De promotor del escenario del
subdesarrollo, a promotor del escenario del desarrollo y ha sido y es un cambio
importante en la historia de la humanidad.
Pero no se trata de proponer reubicar al total de la
población de Lima en edificios multifamiliares, plantear esta tarea, sería desalentador
por lo enorme, además Lima es una ciudad de nueve millones de habitantes en un
país de treinta que, por su bien y por el del país, debe dejar de crecer. Lo
importante es iniciar las acciones en el sentido correcto, desde mi punto de
vista, algo tenemos que hacer en el Perú para que producido el sismo de la
magnitud del que nos amenaza, tanto el país como su capital, tengan una mejor
capacidad de respuesta. Es allí donde se da la importancia de la reflexión
sobre estos problemas que nos llevará a tener claras las medidas a tomar y un
plan debe incluirlas. Siendo Lima una ciudad expuesta a esta severa amenaza
sísmica, el tener aclarado todos estos temas para el resto de su historia,
permitiría al Estado la adecuada respuesta desde los primeros días posteriores
al gran sismo.
Oportunidades
perdidas
Si el Estado tuviera claras estas ideas, oportunidades como
la reconstrucción del norte por los daños producidos por el fenómeno del Niño
Costero, deberían estar siendo acometidas no con el criterio de reconstrucción
que nos lleva, tal como está sucediendo, a proponer y promover la
autoconstrucción y el subdesarrollo, sino con el criterio de aumento de la
resiliencia que nos llevaría a la supervivencia frente a estas amenazas. En la
actualidad, los países expuestos al riesgo sísmico, tienden al diseño de
edificaciones e infraestructura bajo el criterio de Funcionalidad Contínua, es
decir, no solo la edificación, sino la mayoría de equipos e instalaciones que alberga, mantienen su
capacidad de funcionar después de un terremoto. Este tipo de edificaciones,
además llevan a un menor costo en pago de seguros de reposición, un tema que en
nuestro país está muy descuidado.
Ampliación
de la matriz de análisis
Este cambio de paradigma que sustituya la autoconstrucción
por el liderazgo del estado para lograr el aumento de la resiliencia en el
tratamiento del territorio, implica como ya dijimos, un nuevo análisis de
factibilidad y un nuevo análisis de Costo-Beneficio ampliando la matriz de
análisis de solamente las variables económicas a las variables sociales,
urbanas y ambientales.
Nuestra sociedad urbana es hoy mayoritariamente el producto tanto
de la Invasión como de la Autoconstrucción, ambos procesos ilegales,
corruptores de autoridades en los que el poblador se forma en la cultura del
abuso y la extorsión de parte de las autoridades locales y el clientelismo de
las autoridades políticas. No en vano los nombres de los políticos están
peremnizados en los asentamientos humanos a lo largo del país. Liberar a la
población de este proceso y a cambio proponerle una nueva política de ocupación
del territorio es parte de lo que hay que hacer. Como sub producto, obtendremos
ya no pobladores corruptores sino ciudadanos y contribuyentes, pagadores de
cuotas y tributos y propietarios de unidades inscritas en los registros
públicos y por lo tanto integradas al mercado formal.
Los mayores
costos de la autoconstrucción
Autoconstruir una unidad de cualquier cosa, ya sea un
artefacto, una máquina o un automóvil es bastante más costoso que comprar algo
de fabricación industrial, con la ventaja de obtener una mejor calidad. Para
los que sabemos del tema, autoconstruir una edificación sismoresistente a grado
8,6 Mw es imposible. La vida del poblador no se pondría en riesgo si se le
plantea un proceso que lo lleve a poseer una unidad dentro de un multifamiliar
y su accesibilidad en cuotas. Nuestros sistemas financieros cuentan incluso con
bonos al buen pagador que reducen los porcentajes de morosidad.
La autoconstrucción va asociada con altos índices de
morbilidad. Durante el tiempo que toma autoconstruir, la familia sufre la
incidencia de disentería y neumonía, costos que a la larga asume el Estado, con
grandes pérdidas de vidas humanas. La autoconstrucción en nuestro país, no se
limita a viviendas, hay colegios, mercados y postas médicas autoconstruidas que
también constituyen edificaciones vulnerables y que al colapsar en un sismo,
multiplicarán los problemas.
A favor
de la autoconstrucción
Generalmente, el argumento para ir a favor de la
autoconstrucción es que el poblador, dosifica su aporte a la producción de su
vivienda en la medida de su capacidad económica que es variable a lo largo de
su vida. Eso es cierto, pero si el poblador pudiera adquirir primero una unidad
mínima de 15.00 o 18.00 m² a un costo
subvencionado pagando cuotas, encontraría ilógico invadir y al mejorar de
situación, podría vender esta unidad y usar el producto de la venta para
adquirir otra de acuerdo a su nueva realidad y seguir haciéndolo tantas veces
como sea necesario tal como sucede en el mercado formal.
Otro argumento para ir a favor de la autoconstrucción es que
el poblador en tanto emprendedor, demanda una vivienda productiva en la que
algún miembro de la familia necesita de un área en la que funcione un negocio y
para eso es necesario una fachada a la calle, eso también es cierto, pero su
solución se encuentra en un programa arquitectónico en el que pequeñas tiendas
formen parte del multifamiliar ya sea en el primer piso o en otros,
significando esto claro está, cambios en el rígido reglamento de zonificación
cuya sabiduría siempre estuvo en franca discusión.
Administrar
el pasado o planear el futuro.
Un plan administra el pasado cuando asume como propia la
realidad existente, no la cuestiona y no planea su cambio. Este es el caso de
la invasión como principal forma de asentamiento, no detectada como el
principal problema en el futuro de la ciudad y por lo tanto no combatida. Los
traficantes de tierra recientemente han descubierto los terrenos en ladera que
están en franco aumento. El Estado y el municipio asumirán los pasivos de esta
invasión sin cuestionarla y la dotarán de servicios aun cuando sea técnica y
económicamente ilógico, pero peor aún, miles de edificaciones autoconstruidas
en laderas descansan sobre terrazas y pircas de muy mala factura que no
resistirán el sismo de grado 8.6 Mw. ¿Quién asumirá la responsabilidad de estos
miles de muertes?
La autoconstrucción es la versión informal del llamado
“Sueño de la casa propia”, paradigma sobre el que se dio el crecimiento urbano
de los barrios residenciales de Lima desde la década del 30 y 40 del siglo
pasado. Al apoyar y promover la autoconstrucción, el Estado peruano abandonó
sus orígenes precursores de buenas soluciones propuestas para vivienda popular
como fueron los casos emblemáticos de la UV3, el Agrupamiento Angamos y otros construidos
entre 1945 y 1948, estas soluciones y las posteriores como San Felipe y otras
en los 60 y Limatambo y otras en los 90, fallaron en los sistemas de acceso,
pero eso fue hace mucho tiempo, hoy el Estado peruano dispone de la suficiente
experiencia propia y ajena como para acometer una verdadera política de
vivienda popular. A la Municipalidad Metropolitana de Lima, al frente de la
mayor concentración poblacional urbana del país, le corresponde estar del lado
de la reflexión, del cuestionamiento y del planeamiento del futuro.
Plan y paisaje
El paisaje es, o debería ser, el producto final de un plan. Esto es evidente en París pero también es evidente en Macchu Picchu, ¿cómo hubieran sido estas ciudades si en vez de ser producto de una idea rectora, hubieran sido producidas por tantas ideas como habitantes la habitan?, este es otra de las ventajas de construir las ciudades previamente planeadas, es lo que reclamaría para las zonas recientes de Lima donde el desorden y el caos producto un trazado hecho por traficantes y sobre él edificaciones autoconstruídas son parte del paisaje.
Conclusiones
Habiendo el Estado abandonado su rol rector respecto al
manejo del territorio y habiéndole dejado ese rol a la población, el resultado espacial es desordenado, caótico
pero sobre todo vulnerable, no solamente frente a la amenaza sísmica, sino
frente a otras amenazas con mayor frecuencia de ocurrencia como las lluvias del
fenómeno del Niño o los friajes. El no
planificar la implantación en el terreno de una población de 30 millones de
habitantes en un país de 1´285,000 Km²
ha tenido el resultado que ya conocemos
pero hacia el futuro será difícil de continuar con la misma política.
Recomendaciones.
Incorporar al PLAM 2035 el estudio detallado de las
amenazas, la sísmica, la hídrica y otras.
El PLAM 2035 deberá evaluar el crecimiento de Lima y evaluar
alternativas.
El plan estratégico deberá tener en cuenta alternativas
nacionales frente a la posibilidad de daños en Lima que mermen su capacidad
actual por un tiempo indefinido.
Como parte del PLAM 2035, debería haber propuestas de iniciativas legislativas necesarias para llevar a cabo el plan.
El Estado peruano, del cual la Municipalidad Metropolitana
de Lima es parte importante, deberá
revisar sus actuales políticas de Estado
respecto a Territorio, Desarrollo Urbano, Vivienda popular, Resiliencia y Sostenibilidad.
