Cinturón volcánico.

Con Japón compartimos el mismo cinturón volcánico que circunvala el Océano Pacífico. Por esa razón, un sismo de menor, igual o mayor magnitud puede sorprendernos en cualquier momento.

El peor evento sísmico registrado en el Perú sucedió el 28 de Octubre de 1746. Lima y Callao fueron asolados por un terremoto de grado 8.4 seguido de un maremoto que cambió la configuración del Callao. Por los daños causados, es considerado el mas dañino en la historia del Perú, solo superado por el del 13 de Agosto de 1868, de grado 8.5, que destrozó Arequipa, Moquegua y Tacna, y también fue seguido por un enorme maremoto que asoló a Islay, Mollendo y Arica.

Pero estos son solo los más destructivos terremotos de una larga lista de más de 150 que desde 1555, han sido registrados en el Perú.

Los efectos de estos sismos, están perdidos en la historia, excepto los daños causados por los recientes sismos de gran capacidad destructiva, el más reciente de estos, el terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007, y allí es donde quería llegar.

¿Estamos preparados en el Perú para enfrentar en el siglo XXI un gran sismo de características catastróficas?

A la luz de lo ocurrido en Pisco, viendo la errática respuesta inicial del gobierno así como la de la mayoría de entes de la administración pública y sobre todo, a la luz de los pobres resultados logrados por el Estado Peruano en su conjunto en mas de tres años, creo que este es un tema que merece ser tenido en cuenta.

Organización:

En primer lugar veamos la respuesta inicial del gobierno en lo político, al encargar las tareas de reconstrucción a Julio Fabre, un amigo del régimen pero sin vinculación real con el problema. El caso mas cercano en la historia del Perú es el de Nicolás de Piérola, Ministro de Hacienda a quien el Presidente José Balta le encargó la Reconstrucción de los daños del gran sismo de 1868.

Hoy, las teorías de desarrollo social y administración pública hablan de empoderar, fortalecer a la autoridad afectada, no sustituirla. Corrigiendo esto entonces, la primera medida a tomar para asegurar un accionar mínimamente aceptable del Estado será: Dotar a los alcaldes provinciales de la zona afectada de suficientes cuadros técnicos como para accionar de inmediato y exitosamente. De un lado resolver la urgencia, pero de otro, muy importante, planificar, programar ejecutar y controlar la reconstrucción.

Recursos:

Sin embargo, poco o nada podrá hacer una autoridad sin recursos. En el Perú es imposible gastar dineros públicos fuera de los presupuestados a fines de Agosto y aprobados por el Congreso a fin de año. El gasto público en infraestructura debe aprobar la normativa del SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública que toma un promedio de dos años.

Actualmente un desembolso para resolver una emergencia se resuelve así:

• Existe un Fondo de Contingencia pero nunca lo suficientemente grande como para poder sostener, frente a un evento catastrófico, una acción inicial hasta el presupuesto del siguiente año.
• Paralelamente, se dictan disposiciones genéricas mediante las cuales, los Sectores léase Ministerios, que son los receptores de los Pliegos Presupuestales, deben deducir parte de sus recursos a reconstruir la zona afectada.

En la práctica, esta modalidad ha probado ser causante de un accionar descoordinado, caótico e incompleto del Estado y es preciso analizar caso por caso la mala performance en Pisco, Chincha, Ica y el resto de la zona afectada para tomar medidas correctivas preventivas, pero es preciso hacerlo ahora.

Estrategia:

Un sismo catastrófico con terremoto y maremoto que afecte Lima-Callao, dejaría al país sin sus principales puerto y aeropuerto. El efecto inmediato sería la incomunicación pero en un corto plazo, se cortaría el ingreso de divisas por exportaciones, ya que desde el puerto del Callao y el aeropuerto Lima-Callao sale el grueso de la oferta exportable nacional, dándose esto a pesar de que el 70% de las exportaciones proviene de regiones fuera de Lima. Además el terremoto podría afectar las plantas termoeléctricas de Chilca y el maremoto podría inutilizar la Refinería La Pampilla, paralizando al país. No hay que esperar entonces a que se produzcan los hechos, cada uno de los casos descritos y otros deberían tener un plan de contingencia viable y conocido.

De lo urgente a lo importante:

Hay la creencia que se debe actuar recién después de producido el desastre, para eso el Estado peruano dispone de un Sistema de Defensa Civil cuya labor se centra en los primeros auxilios a víctimas y damnificados y la reparación de daños, pero en la práctica esta respuesta ha demostrado ser insuficiente. En toda la zona afectada, aún hoy a tres años del sismo, hay desmonte sin recoger por todos lados. Algo tan elemental como disponer un solo lugar para reunir el desmonte en cada poblado, no tiene un plan, ni programas de recojo, ni financiamiento, ni un seguimiento ni control posterior. Igual destino tienen todas las acciones para sacar adelante un poblado arrasado por el desastre. No se sabe qué hacer, ni cómo hacerlo, ni a quien compete. En esa situación, se pasa el tiempo y las cosas quedan sin resolver. No solamente se pierde vidas y recursos por efecto del desastre, se pierde además oportunidades de desarrollo por la incapacidad del Estado de asumir su rol director en cada caso.

Conclusión:

El lamentable caso de la reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 15 de Agosto de 2007 y sus pobres resultados a mas de tres años de ocurrido, debería servir como estudio de caso para proponer soluciones a todas las fallas y errores cometidos, corregir la legislación y las normas y preparar al Estado peruano para afrontar los próximos desastres naturales con mejores resultados. Algo tan simple como esto, que en países u organizaciones del primer mundo son procedimientos administrativos normales, ¿se podrá hacer en el Perú?

Luis Gurmendi.

Treinta y dos mil hectáreas ¿No son suficientes?

Treinta y dos mil hectáreas es un área enorme. Comparativamente es un rectángulo de ochenta kilómetros de largo por cuatro kilómetros de ancho. Es la extensión colindante a la Carretera Transoceánica Sur en la región Madre de Dios, que ha quedado depredada a consecuencia de la minería informal actuando allí impunemente durante años.

La deforestación es solo parte del problema, además está la contaminación de las aguas y fauna con miles de toneladas de mercurio utilizado para separar el oro del mineral que se extrae del fondo de los lodos que quedan después de talar y eliminar los árboles.

Treinta y dos mil hectáreas con uno de los mayores grados de biodiversidad del planeta, hoy están convertidas en enormes charcos de lodo, rodeados por troncos devastados, ni qué decir de las especies que sucumbieron en primera línea. Esa zona era el hogar de variedades de papagayo entre otras miles de aves menos conocidas. Para la mayoría de los seres humanos del siglo XXI, este panorama desolador sería suficientemente aleccionador como para no repetir el error. Pero no para las autoridades peruanas.

El Ministro peruano del Medio Ambiente acaba de enunciar un plan para dar una nueva oportunidad a los causantes de este desastre. Esta vez la máxima autoridad de protección del ambiente en el Perú cree que es posible llevar a cabo actividad minera en esa región pero sin emplear mercurio. Es decir de aquí a un tiempo, tendremos otras 32,000 hectáreas de selva deforestada y convertida en charcos de lodo pero con la ventaja que los ríos y la fauna sobreviviente no estarán contaminados con mercurio.

Mientras eso ocurra, el Ministro se dedicará a conseguir fondos para “recuperar” las treinta y dos mil hectáreas iniciales “degradadas por culpa de la minería informal…”.

La lógica del ministro es que ahora los operadores de la minería informal, a los que hace menos de un mes se les dinamitaron 19 dragas, podrán ser convencidos de usar otros tipos de tecnología sin empleo de mercurio pero que encarece su producción de oro en 15%.

Me pregunto para una región selvática tan frágil como Madre de Dios en pleno siglo XXI ¿no hay posibilidades de cambiar de actividad económica y reorientarla a otra como la reforestación y el turismo que implique conservar las áreas de selva y no depredarlas preservando su biodiversidad? ¿No será que hay un sinnúmero de programas derivados de las normas del Protocolo de Kyoto, los acuerdos de Copenhague y los bonos de carbón a los que el Perú podría aplicar que nos permitirían convertir esas treinta y dos mil hectáreas en un ejemplo a escala global de verdadera recuperación de un área depredada?

Estoy seguro que dedicar esta enorme área a un plan de recuperación forestal y turística demandaría mas puestos de trabajo formal que los precarios e innobles empleos proporcionados hasta hoy por la minería informal. Cientos de niños secuestrados o negociados para ser empleados en condiciones cercanas a la esclavitud en labores mineras ¿No significan nada para las autoridades peruanas?.

Ojalá pronto tengamos noticias de un cambio de actitud.

Luis Gurmendi

¿Planeamiento de infraestructura?

En nuestro país, con un 38% de población afectada por pobreza, deberíamos entender que toda inversión en infraestructura es dinamizadora de migración y de re-asentamientos de población. Esta es una característica común en todos los países afectados por pobreza y des empleo o sub empleo, lo que no es común es que, siendo así, el Estado que invierte en infraestructura o como en nuestro caso, promueve inversiones en infraestructura, se desentienda de la dinámica poblacional creada.

Un ejemplo reciente es el caso del área poblada que se ha formado en las cercanías del Terminal del gasoducto en Pampa Melchorita. Lo malo no es que se haya formado el asentamiento, lo malo es que no haya intervenido ninguna instancia técnica a cargo del Estado para evitar el sufrimiento de cientos de personas que viven en el desierto sin ninguna facilidad.

Lo malo también es que la ubicación y distribución desordenada de las viviendas desmejora la seguridad actual y futura de la nueva autopista Cerro Azul-Chincha. Viviendas ubicadas dentro del derecho de vía, sin dejar espacio suficiente para una o mas pistas auxiliares que permitan el desarrollo de velocidades de autopista en esa zona, desmejoran esta inversión. Una vez mas hago la pregunta ¿hay responsables en este caso?

Seguramente no habrá responsables porque nuestro ordenamiento legal sobre el tema es casi inexistente, y allí es donde este artículo quería llegar.

Un grupo de muy respetables profesores universitarios de economía (1) proponen para el Perú un Plan Nacional de Infraestructuras. Suena lógico que frente al desafío de colocar en nuestro espacio nacional un total de treinta y ocho mil millones de dólares, se necesite algunos criterios que ordenen este gran emprendimiento, pero ¿solamente un Plan Nacional de Infraestructura?, yo creo que considerando la variable poblacional descrita, el país necesita un Plan de Desarrollo Urbano Regional, donde de una vez por todas, el Estado peruano asuma su rol no asumido en 190 años, frente al asentamiento poblacional en general y de las clases populares en particular hoy en manos de mafias de traficantes de tierras rústicas con los lamentables resultados que están a la vista en todo el territorio.

Pero, a la luz de los hechos, no son las instancias administrativas existentes las que deban encargarse del problema. No será el burocrático y centralizado Ministerio de Vivienda el que podría asumir el encargo ni la politizada COFOPRI Comisión para la Formalización de la Propiedad Privada, cuyo rol actual es legalizar el corrupto y nada técnico proceso de tráfico de tierras. En la mayoría de los países estos encargos han sido dados ad hoc.

En Colombia son las Corporaciones Autónomas Regionales con los resultados espléndidos que demuestran las ciudades colombianas.

En Brasil el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC) creado en los sesentas del siglo pasado sería un excelente ejemplo.

En los cincuentas, la Autoridad Autónoma del valle de Tennesse, todo un estudio de caso clásico.

El próximo gobierno peruano tiene la tarea de afrontar el problema, crear organismos técnicos con alta capacidad ejecutiva a cargo de técnicos cuya permanencia se mida en resultados. A partir de una línea de base establecida inicialmente y con sanciones muy severas al manejo delincuencial de fondos. Su tarea básica: disminuir el porcentaje de población asentada sin planificación, y a la vez, eliminar la actual forma de acción del estado peruano respecto al tema. Es decir actuación a posteriori con un gasto igual o mayor y resultados lamentables.

La relación mafias de tráfico de tierras-políticos corruptos-COFOPRI debe terminar. En su lugar la acción técnica oportuna de técnicos que permitan el asentamiento poblacional en lugares viables y planificados, con un previo diseño que prevea espacios para futura infraestructura, con habilitación de servicios y ejecución de obras previamente a la ocupación del territorio, es decir, asentamientos poblacionales en condiciones mínimas de habitabilidad.

El Paradigma de espacio territorial nacional a lograr debería ser el obtener en el largo plazo, un modo de vida equivalente, homogéneo en todo el territorio nacional y ello nos llevaría a invertir básicamente fuera del área de Lima Metropolitana y fuera de Lima provincia.

Obviamente estas acciones deberían realizarse en zonas del territorio con el menor riesgo de ser afectadas por el stress hídrico inminente relacionado al calentamiento global, para ello, habrá que analizar la capacidad actual y futura de las cuencas hídricas. Esta aparente limitación plantea a la vez una oportunidad: El Plan Nacional debe ser un Proyecto MDL y así recibir el apoyo global tanto técnico como económico.

El principal obstáculo para lograr esto serán los políticos, acostumbrados al fácil recurso de obtener votos prometiendo servicios a los asentamientos de extrema pobreza alrededor de Lima Metropolitana.

Otro obstáculo será el ordenamiento legal y normativo alrededor del SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, basado en la previa demostración de una adecuada Tasa Interna de Retorno de la inversión a realizar. La limitación de este método es que se concentra solo en una matriz de análisis unidimensional básicamente económica. Ya desde el siglo pasado estudiosos del tema como Walter Issard, plantearon la limitación de este enfoque y propusieron ampliarlo a una Matriz económica-ecológica y social.

A la luz de los hechos, resulta más que evidente que en el Perú la acción del estado para asumir este rol de planificador urbano y regional no podría regirse por el SNIP.

La distribución misma de la población nacional en el territorio nacional con el 30% de la población total en Lima, la inexistencia de opciones urbanas equivalentes a las de Lima en el resto del territorio nacional, la incapacidad de gasto de recursos existentes, el mal uso de recursos, la tardía acción frente a desastres naturales, todo delata esta limitación.

Otra limitación de la normativa del SNIP para actuar, es su acción sectorial. La ciudad y la región no pueden ser objeto de planeamiento desde un enfoque sectorial, la lógica de ciudad y región es espacial, física y poblacional y estas superan como nivel de análisis la actuación sectorial. La suma de las acciones de los sectores no produciría una región o una ciudad coherentes.

Queda entonces esta tarea pendiente. Un Plan Nacional de Infraestructura, sí, pero dentro de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Regional.

Luis Gurmendi

(1) Diario Gestión, Lima, 22 de Febrero 2011.

José Bonifaz, catedrático de la Universidad del Pacífico y especialista en el tema, enfatiza que se necesita elaborar un Plan Nacional de Infraestructuras para evitar que iniciativas privadas que no son prioritarias, se concreten con celeridad. En ese sentido, el especialista afirmó que la cartera de proyectos de Proinversión y de los Gobiernos regionales no tiene un “ordenamiento adecuado". “Si consideramos que la brecha representa el 30% del PBI y actualmente se está invirtiendo solo el 14%, entonces estamos lejos de revertir el problema si seguimos en este ritmo de inversión”, afirmó. También se refirió a los 33 proyectos priorizados por el Gobierno mediante los decretos de urgencia 001 y 002 del 2011: “(Los proyectos) corresponden a un listado que incluye iniciativas privadas y consideraciones políticas más que una verdadera priorización de proyectos de acuerdo a las necesidades del país”, concluyó.