¿Planeamiento de infraestructura?

En nuestro país, con un 38% de población afectada por pobreza, deberíamos entender que toda inversión en infraestructura es dinamizadora de migración y de re-asentamientos de población. Esta es una característica común en todos los países afectados por pobreza y des empleo o sub empleo, lo que no es común es que, siendo así, el Estado que invierte en infraestructura o como en nuestro caso, promueve inversiones en infraestructura, se desentienda de la dinámica poblacional creada.

Un ejemplo reciente es el caso del área poblada que se ha formado en las cercanías del Terminal del gasoducto en Pampa Melchorita. Lo malo no es que se haya formado el asentamiento, lo malo es que no haya intervenido ninguna instancia técnica a cargo del Estado para evitar el sufrimiento de cientos de personas que viven en el desierto sin ninguna facilidad.

Lo malo también es que la ubicación y distribución desordenada de las viviendas desmejora la seguridad actual y futura de la nueva autopista Cerro Azul-Chincha. Viviendas ubicadas dentro del derecho de vía, sin dejar espacio suficiente para una o mas pistas auxiliares que permitan el desarrollo de velocidades de autopista en esa zona, desmejoran esta inversión. Una vez mas hago la pregunta ¿hay responsables en este caso?

Seguramente no habrá responsables porque nuestro ordenamiento legal sobre el tema es casi inexistente, y allí es donde este artículo quería llegar.

Un grupo de muy respetables profesores universitarios de economía (1) proponen para el Perú un Plan Nacional de Infraestructuras. Suena lógico que frente al desafío de colocar en nuestro espacio nacional un total de treinta y ocho mil millones de dólares, se necesite algunos criterios que ordenen este gran emprendimiento, pero ¿solamente un Plan Nacional de Infraestructura?, yo creo que considerando la variable poblacional descrita, el país necesita un Plan de Desarrollo Urbano Regional, donde de una vez por todas, el Estado peruano asuma su rol no asumido en 190 años, frente al asentamiento poblacional en general y de las clases populares en particular hoy en manos de mafias de traficantes de tierras rústicas con los lamentables resultados que están a la vista en todo el territorio.

Pero, a la luz de los hechos, no son las instancias administrativas existentes las que deban encargarse del problema. No será el burocrático y centralizado Ministerio de Vivienda el que podría asumir el encargo ni la politizada COFOPRI Comisión para la Formalización de la Propiedad Privada, cuyo rol actual es legalizar el corrupto y nada técnico proceso de tráfico de tierras. En la mayoría de los países estos encargos han sido dados ad hoc.

En Colombia son las Corporaciones Autónomas Regionales con los resultados espléndidos que demuestran las ciudades colombianas.

En Brasil el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC) creado en los sesentas del siglo pasado sería un excelente ejemplo.

En los cincuentas, la Autoridad Autónoma del valle de Tennesse, todo un estudio de caso clásico.

El próximo gobierno peruano tiene la tarea de afrontar el problema, crear organismos técnicos con alta capacidad ejecutiva a cargo de técnicos cuya permanencia se mida en resultados. A partir de una línea de base establecida inicialmente y con sanciones muy severas al manejo delincuencial de fondos. Su tarea básica: disminuir el porcentaje de población asentada sin planificación, y a la vez, eliminar la actual forma de acción del estado peruano respecto al tema. Es decir actuación a posteriori con un gasto igual o mayor y resultados lamentables.

La relación mafias de tráfico de tierras-políticos corruptos-COFOPRI debe terminar. En su lugar la acción técnica oportuna de técnicos que permitan el asentamiento poblacional en lugares viables y planificados, con un previo diseño que prevea espacios para futura infraestructura, con habilitación de servicios y ejecución de obras previamente a la ocupación del territorio, es decir, asentamientos poblacionales en condiciones mínimas de habitabilidad.

El Paradigma de espacio territorial nacional a lograr debería ser el obtener en el largo plazo, un modo de vida equivalente, homogéneo en todo el territorio nacional y ello nos llevaría a invertir básicamente fuera del área de Lima Metropolitana y fuera de Lima provincia.

Obviamente estas acciones deberían realizarse en zonas del territorio con el menor riesgo de ser afectadas por el stress hídrico inminente relacionado al calentamiento global, para ello, habrá que analizar la capacidad actual y futura de las cuencas hídricas. Esta aparente limitación plantea a la vez una oportunidad: El Plan Nacional debe ser un Proyecto MDL y así recibir el apoyo global tanto técnico como económico.

El principal obstáculo para lograr esto serán los políticos, acostumbrados al fácil recurso de obtener votos prometiendo servicios a los asentamientos de extrema pobreza alrededor de Lima Metropolitana.

Otro obstáculo será el ordenamiento legal y normativo alrededor del SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, basado en la previa demostración de una adecuada Tasa Interna de Retorno de la inversión a realizar. La limitación de este método es que se concentra solo en una matriz de análisis unidimensional básicamente económica. Ya desde el siglo pasado estudiosos del tema como Walter Issard, plantearon la limitación de este enfoque y propusieron ampliarlo a una Matriz económica-ecológica y social.

A la luz de los hechos, resulta más que evidente que en el Perú la acción del estado para asumir este rol de planificador urbano y regional no podría regirse por el SNIP.

La distribución misma de la población nacional en el territorio nacional con el 30% de la población total en Lima, la inexistencia de opciones urbanas equivalentes a las de Lima en el resto del territorio nacional, la incapacidad de gasto de recursos existentes, el mal uso de recursos, la tardía acción frente a desastres naturales, todo delata esta limitación.

Otra limitación de la normativa del SNIP para actuar, es su acción sectorial. La ciudad y la región no pueden ser objeto de planeamiento desde un enfoque sectorial, la lógica de ciudad y región es espacial, física y poblacional y estas superan como nivel de análisis la actuación sectorial. La suma de las acciones de los sectores no produciría una región o una ciudad coherentes.

Queda entonces esta tarea pendiente. Un Plan Nacional de Infraestructura, sí, pero dentro de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Regional.

Luis Gurmendi

(1) Diario Gestión, Lima, 22 de Febrero 2011.

José Bonifaz, catedrático de la Universidad del Pacífico y especialista en el tema, enfatiza que se necesita elaborar un Plan Nacional de Infraestructuras para evitar que iniciativas privadas que no son prioritarias, se concreten con celeridad. En ese sentido, el especialista afirmó que la cartera de proyectos de Proinversión y de los Gobiernos regionales no tiene un “ordenamiento adecuado". “Si consideramos que la brecha representa el 30% del PBI y actualmente se está invirtiendo solo el 14%, entonces estamos lejos de revertir el problema si seguimos en este ritmo de inversión”, afirmó. También se refirió a los 33 proyectos priorizados por el Gobierno mediante los decretos de urgencia 001 y 002 del 2011: “(Los proyectos) corresponden a un listado que incluye iniciativas privadas y consideraciones políticas más que una verdadera priorización de proyectos de acuerdo a las necesidades del país”, concluyó.