Después de muchos años sin oportunidades, el sur del Perú empieza a tenerlas. Pero como muchas otras en el Perú, podrían echarse a perder o peor, la inacción del estado podría desencadenar un infierno en el mediano plazo.
Al sur andino del Perú siempre se le dio una imagen de atraso quizá injusta. La mancha india, el bolsón de extrema pobreza y otras denominaciones entre racistas y excluyentes fueron usadas por economistas y comentaristas menos ilustrados para denominar la extensa y poblada región compuesta por Cusco, Puno y Apurimac. Mas atrasada aún que el promedio, la población rural de esas regiones se veía como una carga solo destinada a enmarcar actividades turísticas.
Contrario a eso, quizá con una visión un tanto romántica, yo siempre vi a esas masas empobrecidas, como una enorme reserva de valores basados en su antiguo pero vigente código de conducta. Ama sua, ama quella, ama llulla. Una población que sanciona el robo, la mentira y la ociosidad, pero que alcanzada por la “modernidad”, es atravezada por el contrabando, el narcotráfico y la indolencia e inacción del estado y siendo así, corre el riesgo de perder sus valores.
Sin embargo, producto de decisiones de dos regímenes, algo poco común en nuestra historia, esa región acaba de recibir una inversión extraordinaria, la carretera interoceánica que, como todo megaproyecto vial, ha empezado un proceso de dinamización de toda esa área, cuya primera manifestación es el aumento de precio de todos los terrenos al borde de la vía.
Ya en el Perú sucedió algo parecido. En el siglo pasado, luego de la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, extensas áreas nuevas en los valles del río Huallaga, quedaron disponibles pero sin ningún plan o acción estatal, el estado desatendió la dinámica regional creada, abundante población serrana llegó y se asentó en esas extensas regiones siguiendo el único procedimiento posible: invadir o peor, comprar el terreno a mafias de traficantes informales de tierras rústicas, sufrir las inclemencias del clima sin servicios públicos básicos como pistas y veredas, agua potable y energía eléctrica. Poblaciones que crecieron con índices de mortandad infantil superiores a los índices africanos, hoy son enormes áreas de barriada con nombres como Nueva Cajamarca, Tocache, Campanilla, Tulumayo y otros, todos ahora convertidos en centros de acopio y distribución de hoja de coca, pasta de cocaína y cocaína en polvo con activas áreas de comercio informal producto del contrabando y la corrupción policial. En todas estas áreas, la población elige autoridades locales y regionales que defienden sus intereses y que cada vez más se alejan de los criterios de gobernabilidad del resto del país.
Los asentamientos poblacionales alrededor de la carretera Marginal de la Selva, son un triste caso de inacción del estado. Dos o tres generaciones de habitantes viviendo en la informalidad y sin apoyo estatal, sobreviviendo a condiciones infrahumanas, produjeron redes urbanas y rurales ilegales y casi delincuenciales. Sobre estas poblaciones algunas autoridades municipales y algunos sectores como Salud, Educación y el Interior, han logrado invertir en infraestructura, algunas redes de agua y desagüe, algunas redes de energía eléctrica, algunas postas médicas, algunas escuelas y algunas comisarías. En ningún país limítrofe, ni en Brasil, ni en Colombia, Ecuador o Chile existen casos como este. Este mismo fenómeno debe evitarse alrededor de la Carretera Interocánica Sur.
Lo primero que hay que hacer es dictar un marco legal que permita la acción estatal para planificar una red urbana y regional. La legislación proveniente del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), creada para desalentar la inversión pública, debe ser desactivada para este caso. El enfoque sectorial del SNIP resulta insuficiente. Estas inversiones deben tener un manejo único y multi-sectorial compatible con la naturaleza del objetivo, construcción de obras planificadas como parte de una futura red urbana y regional exitosa.
Este Plan debe darse de inmediato aprovechando la inmensa oportunidad que brinda una vía que une los cuatro estados BRIC, es decir Brasil con Rusia, India y China, además de plantear una nueva vía para unir el norte de Chile con el Brasil. Nuevos centros urbanos deberán recibir atención cuanto antes. Frente a Brasil, Iñapari debe ser trazado como el mas importante contacto con Brasil, con un puerto fluvial, aeropuerto e infraestructura equilibrada con la ciudad de Asís en Brasil. El siguiente centro urbano de importancia debe crearse en Urcos, punto de encuentro de esta carretera con el eje turístico Cusco-Urubamba. Juliaca deberá ser repotenciada y entre esta ciudad y Arequipa deberá promoverse la creación de un asentamiento nuevo que facilite el difícil recorrido. Todo este conjunto de acciones corre el riesgo de darse sin participación estatal, sin planificación y dejándo la iniciativa a las mafias traficantes de tierra. Si así fuera, estas mafias serían el vínculo directo con las ya existentes mafias de contrabandistas, de mineros informales y de depredadores forestales a lo largo de la vía. Estaría por crearse otra red urbana regional en manos delincuenciales pero esta vez con una masa poblacional que llega al 20% de la población nacional con las consecuencias que esto plantearía a la ingobernabilidad del país a mediano plazo. Tal es la importancia para actuar de inmediato.
En vez de eso, desde Agosto del 2011, alguna entidad ejecutiva creada ad hoc debería hacer realidad el Plan Urbano Regional, este sería el mayor Megaproyecto Urbano MDL a nivel global, con lo que millares de organismos internacionales estarían dispuestos a colaborar. Inicialmente bastaría con el trazado de las áreas, destinar generosas parcelas para infraestructura de todo tipo (hecho imposible cuando los diseñadores urbanos son los traficantes de tierra), e iniciar las plantas de agua y de tratamiento de desagües y las redes públicas de servicios. Luego, con la misma probada legislación exitosa en la costa, podría licitarse grandes conjuntos de vivienda para ser financiados por la banca privada pero en este caso, el Bono Familiar Inmobiliario debería ser dado en mucho mayor proporción a los aportes del poblador. Copiemos a Chile. Ellos nos llevan décadas en ese tema. Se estimularía la urbanización, pero en las mejores condiciones. Soy un convencido que gastando así, el estado gastaría menos que como lo hace en la modalidad actual pero sin el costo de tanto subdesarrollo implícito.
Dentro de esta coyuntura, destaca una oportunidad extraordinaria. La ciudad del Cusco debe recibir una atención preferencial. No solamente debe iniciarse cuanto antes la construcción del nuevo aeropuerto en Chincheros, sino que, cuando esto suceda, debe incorporarse al uso urbano el área del actual aeropuerto de manera que el centro de la ciudad deje de tener la presión que hoy se ejerce sobre sus actuales construcciones que deberían quedar intactas para fines turísticos. El uso del área del antiguo aeropuerto debe ser para aumentar la calidad del espacio público urbano del Cusco con un 85% de área dedicada a área verde, con miras a convertirlo en el futuro centro regional del turismo andino en América del Sur, categoría que hoy detenta La Paz por su ventaja de infraestructura aeroportuaria pero que debe ser superada por la del Cusco con Chincheros. Siendo así, queda por destinar un importante ramal del gasoducto sur andino a necesidades de energía del eje turístico.
Hay entonces suficientes temas como para plantear un Plan de Desarrollo Urbano Regional del Sur.
Luis Gurmendi
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