Imagínese usted que hace 50 años las leyes hubieran
prohibido todos los automóviles a excepción de los Sedán de lujo de 5 asientos.
Como consecuencia de esa absurda legislación, los peruanos
hubieran empezado a auto construir vehículos. Empezando por un chasis hecho
artesanalmente, los laboriosos peruanos le añadirían semana a semana a sus
vehículos autoconstruidos, un eje, un timón, aros, sistemas de frenos, batería,
hasta que por fin, el vehículo puede echarse a andar. Como resultado de esa
legislación, los vehículos peruanos serían muy costosos y tremendamente
inseguros, creando problemas y accidentes además de constituir un parque
automotor feo y caótico.
Supongamos que el estado entonces, decide tomar cartas en el
asunto pero escoge una modalidad increíble, sin eliminar las barreras legales
que impiden a los peruanos acceder a todo tipo de vehículo, lo que permitiría
tener a mediano plazo un parque automotor variado con vehículos adquiridos
mediante el pago de cuotas para pagar créditos bancarios, opta por invertir
cien millones de soles en mejorar los vehículos autoconstruidos. Frente a las
chatarras móviles autoconstruidas, funcionarios públicos decidirían el plan de
mejora, en algunos casos se le mejoraría los frenos, a otros se le cambiaría el
timón, a otros se le compraría baterías nuevas, de esta manera estos conductores
mejorarían sus vehículos, quedarán agradecidos al gobierno y votarán por el
candidato oficial en las próximas elecciones. Pero ¿cree usted amigo lector que
se solucionaría el problema de fondo?
Este ejemplo que se entiende en esta caricatura descrita, ¿por
qué no se entiende en el caso de la vivienda?, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento piensa gastar cien millones de soles en mejorar viviendas
autoconstruidas en zonas de alto riesgo sísmico. Es decir viviendas vulnerables
a sismos y que frente a un sismo de grado 8 como los que ya han sucedido en
Chile y México, colapsarían con seguridad, ¿Sabe el gobierno de cuántas viviendas
autoconstruidas estamos hablando?, el
ingeniero Julio Kuroiwa ha calculado que se trata del 80% de las viviendas existentes
en Lima Metropolitana, es decir más de un millón doscientas mil viviendas en
Lima y como el problema es similar en todo el territorio nacional, más de dos
millones seiscientos mil en el resto del país. De ese total, los funcionarios
del Ministerio de Vivienda escogerán diez mil viviendas y gastarán cien
millones en ellas. A un promedio de diez mil soles por vivienda.
¿Cómo conviertes con diez mil soles una vivienda vulnerable
y con riesgo de colapso en una vivienda sismo resistente a sismos grado 8 Mw? ¿Mejorarás sus cimientos?,
¿harás los muros de contención necesarios debajo de ellos? ¿Demolerás
parcialmente su estructura y reconstruirás parte de ella? ¿Eliminarás los
ladrillos pandereta en sus muros portantes y los sustituirás por ladrillos kin
kon 18 huecos? ¿Aumentarás la sección de columnas y vigas? ¿Por qué hay tanta falta
de criterio con el dinero público aplicado a una medida tan absurda? ¿Qué parte
del problema se quiere solucionar?
La autoconstrucción ya sea de vehículos como en el ejemplo o
de edificaciones como en el caso que nos preocupa es un absurdo total. La
autoconstrucción de viviendas en un país sísmico es el extremo de la
irresponsabilidad y de la falta de previsión, es el cavado de la fosa esperando
no ser enterrado en ella. Si el estado peruano quisiera solucionar este
problema debería empezar por conocerlo.
La autoconstrucción es el resultado de la invasión de
terrenos y de la corrupción de los funcionarios obligados a impedirlo, es
además el resultado de una normativa sobre asentamiento territorial,
habilitación urbana y edificaciones que ya colapsó, ya no da más y es urgente
corregir desde sus bases, es el resultado del abandono por el estado peruano de
su rol como gestor del desarrollo urbano y en cambio desde hace más de medio
siglo de haber asumido únicamente los pasivos urbanos, ambientales y sociales de
las invasiones con el resultado caótico, desordenado y vulnerable que recién
ahora después de los sismos de Ica, Chile y México nos preocupa.
Tener una entidad como COFOPRI que titula al posesionario
ilegal de un terreno, es como que en nuestro ejemplo, el Ministerio de
Transportes otorgue tarjeta de propiedad al posesionario de un vehículo robado.
La única manera de acabar con el subdesarrollo urbano por el
que desde hace más de cincuenta años apuesta el estado peruano, es a partir de
un cambio total de actitud. El estado debería asumir su rol en el asentamiento
de la población en el territorio y en el control de la habilitación de tierras,
y hacerlo hasta la certeza de
edificaciones ubicadas fuera de las áreas de riesgo, la legislación debería
asegurar urbanizaciones planeadas por urbanistas y edificaciones que diseñadas
por arquitectos, calculadas y construidas por ingenieros en procesos técnicamente
supervisados y con la participación del sistema financiero, permita al poblador
adquirir viviendas anti sísmicas pagando cuotas de acuerdo a su realidad. Como
parte importante de este proceso, además, obtendríamos ciudadanos formales,
disciplinados pagadores de cuotas, contribuyentes al fisco e integrantes del
sistema legal.
Y al igual que en el mercado automotriz no puede impedirse
todo tipo de vehículo como parte de un mercado automotor, de modo que el
propietario de una moto pueda venderla y adquirir un Tico y después de capitalizarse,
acceder a un Yaris o a un microbús o a un camión y lo que ha hecho es participar en la creación
de un mercado legal, de la misma manera en el caso de las edificaciones los programas
de vivienda deberían incluir cuartos con baño y kitchenette constituyendo los más
simples componentes del mercado, tal como lo son en el mercado informal donde
constituyen el más abundante componente de la oferta tanto de alquiler como de
venta.
Como resultado de ese cambio de actitud, el estado gastaría lo
mismo pero con resultados totalmente diferentes. En vez de intervenir en las anti
técnicas áreas invadidas para construir costosamente las redes de agua, desagüe
energía eléctrica y alumbrado, pistas y veredas, habilitaría grandes extensiones
y las pondría a disposición de empresas o grupos promotores y del sistema
financiero lo que abarataría el precio de venta final de edificaciones
anti sísmicas y al hacerlo, echaría a andar un conjunto de sinergias y círculos
virtuosos que en todas partes del mundo han devenido en desarrollo urbano y obviamente
desarrollo social y ambiental.
El último sismo de grado 8 que sacudió Lima sucedió en 1746,
Lima tenía 211 años de fundada y de eso hace 268 años, un sismo similar
sacudirá Lima en algún momento y solamente el 20 % de su área edificada está
preparada para resistirlo. Un silencio sísmico optimista de 300 años ubicaría
el sismo alrededor de 2046, tendríamos 32 años para reciclar las viviendas vulnerables,
convertirlas en asísmicas y salvar al país de una crisis que lo acercaría a su ruina.
Chile lo ha logrado recientemente, Japón
hace siglos, nosotros ¿empezaremos a tomar en serio este tema algún día?
Luis Gurmendi Tovar.
