¿Bono para reforzamiento de viviendas en zonas de alto riesgo sísmico?

Imagínese usted que hace 50 años las leyes hubieran prohibido todos los automóviles a excepción de los Sedán de lujo de 5 asientos.

Como consecuencia de esa absurda legislación, los peruanos hubieran empezado a auto construir vehículos. Empezando por un chasis hecho artesanalmente, los laboriosos peruanos le añadirían semana a semana a sus vehículos autoconstruidos, un eje, un timón, aros, sistemas de frenos, batería, hasta que por fin, el vehículo puede echarse a andar. Como resultado de esa legislación, los vehículos peruanos serían muy costosos y tremendamente inseguros, creando problemas y accidentes además de constituir un parque automotor feo y caótico.

Supongamos que el estado entonces, decide tomar cartas en el asunto pero escoge una modalidad increíble, sin eliminar las barreras legales que impiden a los peruanos acceder a todo tipo de vehículo, lo que permitiría tener a mediano plazo un parque automotor variado con vehículos adquiridos mediante el pago de cuotas para pagar créditos bancarios, opta por invertir cien millones de soles en mejorar los vehículos autoconstruidos. Frente a las chatarras móviles autoconstruidas, funcionarios públicos decidirían el plan de mejora, en algunos casos se le mejoraría los frenos, a otros se le cambiaría el timón, a otros se le compraría baterías nuevas, de esta manera estos conductores mejorarían sus vehículos, quedarán agradecidos al gobierno y votarán por el candidato oficial en las próximas elecciones. Pero ¿cree usted amigo lector que se solucionaría el problema de fondo?

Este ejemplo que se entiende en esta caricatura descrita, ¿por qué no se entiende en el caso de la vivienda?, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento piensa gastar cien millones de soles en mejorar viviendas autoconstruidas en zonas de alto riesgo sísmico. Es decir viviendas vulnerables a sismos y que frente a un sismo de grado 8 como los que ya han sucedido en Chile y México, colapsarían con seguridad, ¿Sabe el gobierno de cuántas viviendas autoconstruidas  estamos hablando?, el ingeniero Julio Kuroiwa ha calculado que se trata del 80% de las viviendas existentes en Lima Metropolitana, es decir más de un millón doscientas mil viviendas en Lima y como el problema es similar en todo el territorio nacional, más de dos millones seiscientos mil en el resto del país. De ese total, los funcionarios del Ministerio de Vivienda escogerán diez mil viviendas y gastarán cien millones en ellas. A un promedio de diez mil soles por vivienda.

¿Cómo conviertes con diez mil soles una vivienda vulnerable y con riesgo de colapso en una vivienda sismo resistente a sismos grado 8 Mw? ¿Mejorarás sus cimientos?, ¿harás los muros de contención necesarios debajo de ellos? ¿Demolerás parcialmente su estructura y reconstruirás parte de ella? ¿Eliminarás los ladrillos pandereta en sus muros portantes y los sustituirás por ladrillos kin kon 18 huecos? ¿Aumentarás la sección de columnas y vigas? ¿Por qué hay tanta falta de criterio con el dinero público aplicado a una medida tan absurda? ¿Qué parte del problema se quiere solucionar?

La autoconstrucción ya sea de vehículos como en el ejemplo o de edificaciones como en el caso que nos preocupa es un absurdo total. La autoconstrucción de viviendas en un país sísmico es el extremo de la irresponsabilidad y de la falta de previsión, es el cavado de la fosa esperando no ser enterrado en ella. Si el estado peruano quisiera solucionar este problema debería empezar por conocerlo.

La autoconstrucción es el resultado de la invasión de terrenos y de la corrupción de los funcionarios obligados a impedirlo, es además el resultado de una normativa sobre asentamiento territorial, habilitación urbana y edificaciones que ya colapsó, ya no da más y es urgente corregir desde sus bases, es el resultado del abandono por el estado peruano de su rol como gestor del desarrollo urbano y en cambio desde hace más de medio siglo de haber asumido únicamente los pasivos urbanos, ambientales y sociales de las invasiones con el resultado caótico, desordenado y vulnerable que recién ahora después de los sismos de Ica, Chile y México nos preocupa.

Privilegiar la posesión de tierras como condición a su saneamiento legal con legislación pensada el siglo pasado para ayudar el indefenso poblador que en esteras sobrevivía con su banderita, ha producido en la actualidad bandas organizadas de traficantes de tierras que son las que en nuestros días efectivamente se encargan del crecimiento de las ciudades en el Perú y como la posesión es lo que vale, las tierras se defienden con ejércitos de delincuentes armados que protegen el proceso ilegal en su totalidad hasta la obtención del título de propiedad por COFOPRI.

Tener una entidad como COFOPRI que titula al posesionario ilegal de un terreno, es como que en nuestro ejemplo, el Ministerio de Transportes otorgue tarjeta de propiedad al posesionario de un vehículo robado.

La única manera de acabar con el subdesarrollo urbano por el que desde hace más de cincuenta años apuesta el estado peruano, es a partir de un cambio total de actitud. El estado debería asumir su rol en el asentamiento de la población en el territorio y en el control de la habilitación de tierras,  y hacerlo hasta la certeza de edificaciones ubicadas fuera de las áreas de riesgo, la legislación debería asegurar urbanizaciones planeadas por urbanistas y edificaciones que diseñadas por arquitectos, calculadas y construidas por ingenieros en procesos técnicamente supervisados y con la participación del sistema financiero, permita al poblador adquirir viviendas anti sísmicas pagando cuotas de acuerdo a su realidad. Como parte importante de este proceso, además, obtendríamos ciudadanos formales, disciplinados pagadores de cuotas, contribuyentes al fisco e integrantes del sistema legal.

Y al igual que en el mercado automotriz no puede impedirse todo tipo de vehículo como parte de un mercado automotor, de modo que el propietario de una moto pueda venderla y adquirir un Tico y después de capitalizarse, acceder a un Yaris o a un microbús o a un camión  y lo que ha hecho es participar en la creación de un mercado legal, de la misma manera en el caso de las edificaciones los programas de vivienda deberían incluir cuartos con baño y kitchenette constituyendo los más simples componentes del mercado, tal como lo son en el mercado informal donde constituyen el más abundante componente de la oferta tanto de alquiler como de venta.

Como resultado de ese cambio de actitud, el estado gastaría lo mismo pero con resultados totalmente diferentes. En vez de intervenir en las anti técnicas áreas invadidas para construir costosamente las redes de agua, desagüe energía eléctrica y alumbrado, pistas y veredas, habilitaría grandes extensiones y las pondría a disposición de empresas o grupos promotores y del sistema financiero lo que abarataría el precio de venta final de edificaciones anti sísmicas y al hacerlo, echaría a andar un conjunto de sinergias y círculos virtuosos que en todas partes del mundo han devenido en desarrollo urbano y obviamente desarrollo social y ambiental.

El último sismo de grado 8 que sacudió Lima sucedió en 1746, Lima tenía 211 años de fundada y de eso hace 268 años, un sismo similar sacudirá Lima en algún momento y solamente el 20 % de su área edificada está preparada para resistirlo. Un silencio sísmico optimista de 300 años ubicaría el sismo alrededor de 2046, tendríamos 32 años para reciclar las viviendas vulnerables, convertirlas en asísmicas y salvar al país de una crisis que lo acercaría a su ruina.  Chile lo ha logrado recientemente, Japón hace siglos, nosotros ¿empezaremos a tomar en serio este tema algún día?

Luis Gurmendi Tovar.