Para los urbanistas, el proyecto de
Olmos, es un tema que se da entre dos extremos, por un lado: un sueño, el sueño
de pensar que este podría ser un caso que llevado por la búsqueda de la
excelencia, termine convirtiéndose en una ciudad compatible con stándares
mínimos del siglo XXI. Del otro extremo, una pesadilla, al extrapolar los casos
recientes de urbanización asociados a la atracción poblacional que un
megaproyecto produce en el territorio nacional.
Megaproyectos o grandes inversiones
pero que lejos de haber logrado producir un correlato urbano de desarrollo, han
generado todos ellos, grandes áreas de
barriada en sus inmediaciones. Tal es el caso de los cientos de poblados
nacidos al borde de la carretera Marginal de la selva, o las grandes áreas de
barriada en los valles de Chao; Virú,
Moche y Chicama y en las ciudades de Trujillo y Chimbote, relacionadas al
proyecto Chavimochic y más recientemente al poblado de Melchorita relacionado
al terminal del gasoducto.
Todos estos antecedentes nos preocupan porque
a partir del pasado martes 20 de diciembre de 2011, en que el presidente
Ollanta Humala invitado por Odebrecht presenció la excavación de los últimos
metros del túnel que traerá agua de la cuenca del Atlántico a la cuenca del
Pacífico, se inicia la cuenta regresiva hacia la irrigación de 38,000 hectáreas
de tierras de altísima calidad agrícola y que significarán la oferta de empleo
bien remunerado para más de 70,000 personas en sus primeros años. Estoy seguro que tanto el gobierno Central
como el Regional y numerosas instancias
técnicas y administrativas se han preocupado de pensar el tema de la ocupación
urbana de esta región, pero mi temor es que a pesar de esto, los antecedentes
de nuestro estado y de la sociedad
peruana en su conjunto respecto a la ocupación del territorio, son los que
hemos señalado. Antecedentes que más podrían llamarse un prontuario porque
implica el crimen de implantar el correlato urbano del sub desarrollo perdiendo
o desperdiciando la oportunidad de construir el escenario del desarrollo que
a la larga es el de la gobernabilidad.
Pero ¿porqué sucede esto? Porque aunque
nos suene duro de escuchar, el estado ha delegado la tarea de promover la
ocupación de la tierra a compradores de tierra rústica que, actuando en contra
de la ley, encargan la lotización de esta tierra a prácticos cuya principal
herramienta es un saco de tiza con lo que lotizan el área procurando obtener la
mayor cantidad de lotes para la venta, en este proceso, no interesa el área para
equipamiento urbano, tampoco interesa producir espacio público ni calles
amplias y menos parques o áreas libres, el objetivo es vender la máxima
cantidad de lotes. Sobre esta trama
urbana inculta, con sus conocimientos de arquitectura y construcción o mejor
dicho, sin ellos, cada poblador inicia la auto construcción de su parte de
ciudad. Dos o tres generaciones después, con el costo de cientos de muertos por
disentería, neumonía y tuberculosis, el estado aparece en la forma de algún
congresista o candidato que a cambio de votos y con un costo alto por las
dificultades que plantea equipar una trama urbana no pensada técnicamente y las
dificultades planteadas por la población ya establecida, logra dotar de agua, desagüe, energía
eléctrica, alumbrado público, pistas y veredas. Un poco más tarde, aparece para construir comisarías, postas médicas y
escuelas, esa es la forma como se produce el 90 % del área urbana en el Perú.
Un agravante adicional es que de esa manera, el habitante nunca logra entender
su rol como contribuyente en un sistema de gobierno municipal, ni como
ciudadano vinculado al conjunto de instituciones que rigen el país.
Siendo así las cosas, El Comercio del 1º de mayo último, informa que representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento presentaron al Gobierno Regional de Lambayeque los detalles
de un denominado planeamiento integral de la nueva ciudad que aún no tiene
nombre.
La “ciudad” presentada en este
expediente es un manzaneo para la ubicación de las primeras 8,000 personas que
se espera se asienten allí por la modalidad de autoconstrucción. Del proceso
arriba descrito, el estado asume la etapa del trazado con tiza en el terreno,
tal como lo hizo con Villa El Salvador hace 43 años ¿es todo lo que hemos
avanzado? ¿Por qué no puede llegar el poblador a una vivienda terminada y pagar
con cuotas adecuadas a su ingreso mediante el aumento del bono familiar? ¿Por
qué el poblador debe arriesgar su salud y la de sus hijos durante el tiempo que
dure la autoconstrucción para finalmente tener una vivienda de mala calidad, vulnerable a los sismos en un país sísmico y que
sea parte del escenario de su subdesarrollo? ¿Por qué el estado no asume este
caso como el primero de un nuevo rol y
lidera la construcción de una ciudad con estándares del siglo XXI?
Tres grandes trabas tiene el estado
peruano para afrontar esta labor:
La primera, la concepción
de su rol en la ocupación del territorio, nunca asumido en sus 192 años de su existencia y por lo tanto dispuesto a delegar
responsabilidades iniciales para ya muy tardíamente, asumir enormes pasivos
ambientales y sociales
La segunda es su conformación en
sectores. Es imposible que 16 sectores administrativos o ministerios actuando
cada uno por su cuenta en el territorio virgen consigan un resultado urbano
coherente.
La tercera es la forma como se
administra el dinero público mediante las normas del Sistema Nacional de
Inversión Pública SNIP, donde una evaluación micro económica decide la viabilidad
de las inversiones. Desde el siglo pasado, Walter Issard propuso evaluaciones
más completas que incluyan no solo costos
y beneficios económicos sino en especial costos y beneficios ecológicos,
ambientales y sobre todo sociales y plazos compatibles con la vida de una
ciudad.
Hecha esta evaluación, en cualquier
parte del mundo donde se haya emprendido una ciudad en los últimos 200 años se
llega a la necesidad de una ley que cree una entidad autónoma que se encargue
de todo.
En base a este razonamiento, está demostrado
que el estado gastará menos invirtiendo desde el primer estadio de la
implantación en el territorio, aprovechando las infinitas sinergias que se
generan en este proceso, obteniendo a cambio desde el primer día del arribo a la nueva área, no invasores, sino ciudadanos
y contribuyentes lo que a la larga redunda en gobernabilidad y desarrollo. Y algo muy importante, tratándose de un país sísmico, logrando que el poblamiento se haga en base a proyectos formales que aseguren su invulnerabilidad frente a sismos.
Ahora bien, para que un poblador pueda tener
interés en arriesgar su futuro en una nueva ciudad, es necesario adecuar todo a
sus intereses y los del nuevo proyecto urbano. El bono familiar con que el
estado subvenciona la vivienda, debe ser mayor al de cualquier parte del país,
de esa manera desde su llegada a la zona, podrá acceder con cuotas a una
vivienda propia. Además, la oferta inicial de
unidades de vivienda deberá incluir cuartos para alquilar y/o unidades mínimas de 36 o 40 metros
que podrá comprar y posteriormente vender cuando crea necesario, ya sea para
comprar una nueva unidad más costosa o unidades con programas más completos y
de mayor valor. Los cuartos de alquiler,
pero no ilegales e informales producto de edificaciones auto construidas sino
formando parte de proyectos planeados, integrales y anti sísmicos deberán ser
reconocidos como un elemento importante de la oferta formal. Todo en su conjunto,
debe ser diseñado con infraestructura y equipamiento urbano generosamente
planeado, con ambición, que asegure el éxito.
Tratándose de una ciudad con pleno
empleo, el estado debería encargarse de lo mínimo, ya que puede concesionarse gran
parte de los servicios, desde agua y desagüe, pasando por electricidad,
telefonía, servicios educativos, de salud y áreas de comercio. Cada uno de
estos rubros puede generar negocios rentables que puedan atraer empresas
formales y proveer servicios con nivel de excelencia.
Hacia el futuro, la ciudad con pleno
empleo con base económica de agro-industria de exportación, puede dar pie a
numerosos proyectos nuevos, un campo de aterrizaje, hoteles, un ferrocarril que
minimice el costo de transporte hacia el puerto de Paita y más a futuro hacia
el puerto de Yurimaguas.
Nada de eso derivará de lo planeado
por el MVCS, la auto-construcción no es el camino.
